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Prácticas mafiosas en el Hospital Universitario de Canarias

Carlos García / Carlos García

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El no facilitar la labor asistencial a un facultativo médico suspendiéndole o retirándole un quirófano asignado en donde debe realizar su trabajo especializado para dar satisfacción en el tratamiento de sus pacientes, es una práctica mafiosa que puede estar ocasionando un posible delito de omisión del deber de socorro que contempla el código penal. Y si eso ocurre en represalia porque una sección sindical, en legítima actuación como representante de los trabajadores, realiza una denuncia ante situaciones anormales, entonces, estamos asistiendo a una grave persecución, acoso y práctica corrupta en la tarea de dirigentes de una administración pública. Y, además, añadiendo una lesión en los derechos de pacientes que aguardan en una lista de espera y a los que no se les puede atender con la celeridad adecuada porque no se dispone de las herramientas básicas para desarrollarlas. Y este tipo de pacientes, con patologías de columna vertebral, son pacientes con dolores crónicos y discapacidades que no le permiten una vida normalizada y esperan ansiosos el día de su intervención quirúrgica. Y son pacientes que solicitan libremente sean tratados por un médico determinado, haciendo uso de la libertad de elección facultativa que le permite y ampara la Ley General de Sanidad solicitando que sea una especialista elegida quien sea su médico directamente responsable.

La Ley General de Sanidad establece que los pacientes tienen el derecho de tener un médico asignado que será su responsable asistencial. Este médico responsable garantizará la información adecuada y le atenderá durante el proceso asistencial.

Según las normativas deontológicas europeas y nacionales, el médico que acepta atender a un paciente, se compromete a garantizar la continuidad de sus cuidados. El paciente, a su vez, tiene el derecho de elegir libremente al médico para satisfacer el principio fundamental de la relación médico/enfermo. El médico debe respetar y hacer que se respete esa libertad de elección.

En relación con el trabajo de un facultativo médico en instituciones sanitarias, en particular en un hospital, la deontología insiste en la necesidad de promover la calidad y la excelencia para que la atención de los pacientes sea la mejor posible. La lealtad hacia estos obliga a la denuncia de las deficiencias, exigiendo que las instituciones respeten la legítima libertad clínica del médico y que éste ejerza la necesaria autoridad en el área de su competencia.

Deseo hacer constar que el médico responsable debe responder ante la ley de sus actuaciones. Por tanto, desde el momento en que se realiza una historia clínica, un diagnóstico y se propone una actuación terapéutica, todas ellas responsabilidad del facultativo que con su firma y número de colegiado lo hace constar en una lista de espera quirúrgica, responderá de los perjuicios, insuficiencias u omisiones se puedan cometer en la puesta en práctica de sus decisiones e indicaciones clínicas, ya que es el único responsable del proceso terapéutico.

No olvidemos que la responsabilidad profesional del médico no solo se basa en la negligencia o la mala práctica, bastando con que se contravengan determinados derechos de los pacientes para incurrir en una posible anomalía.

Todo lo que he expuesto seguro será negado desde la dirección hospitalaria. Seguro que darán otra versión y dirán que la no autorización del quirófano viene enmarcada en una distribución idónea de los recursos y que bla, bla, bla?.Darán una versión mediatizada e interesada haciendo ver que lo que denunciamos no es cierto. Pero mentirán como lo hacen frecuentemente. Tergiversarán la verdad en su favor, pero saben que mienten. Ocultarán lo que ocurre en nuestro cotidiano entorno de trabajo?Pero nosotros seguiremos denunciando públicamente para escarnio de nuestros gobernantes, de nuestros directivos y gestores de lo público. Para que se sepa que los empleados públicos sufrimos presiones y acosos en el desempeño de nuestras labores.

*Carlos García es médico y delegado de Intersindical Canaria.

Carlos García*

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