¿Qué fue del previsto colegio profesional de periodistas canarios?

El artículo anterior lo despedí con el siguiente párrafo, escrito un poco al desgaire; espontáneo e imprevisto en el contexto del contenido bajo el título “¿Moción de censura o represalia?”

Quienes desde una perspectiva profana admiramos el periodismo y lo tenemos idealizado por el componente vocacional que dignifica una profesión, consideramos imprescindible la esperada y pendiente configuración de un Colegio Profesional, a nivel nacional, que oficialmente recoja el código ético de obligado cumplimiento para todos los colegiados; al tiempo que proteja del intrusismo y de la mala praxis de advenedizos que encuentran un modus vivendi que no les pertenece, propensos a contaminarse por la corrompida influencia política.

Al día siguiente de su publicación me sentí trabado, pues en el repaso me pareció estar leyendo un texto escrito por otro. Sensación que siguió a lo largo de la semana in crescendo en intensidad.

Sin ánimo de pontificar, ni mucho menos de dar lecciones al prójimo, pero me veo en la necesidad de incidir sobre el tema y ampliar reflexiones al respecto, con intención de compartir ideas muy personales y por tanto subjetivas; con muchas posibilidades de errar como corresponde a cualquier opinión expresada con libertad, aunque siempre con el respeto debido.

Estos días, vísperas de la anunciada moción de censura en Santa Cruz, asistimos a un espectáculo pasmoso, de difícil asimilación para los ciudadanos normales. Las estrategias políticas, en mezcolanza con la gestión mediática relacionada con el caso, desconciertan y expresan cierta connivencia. A veces no se distingue entre el político haciendo de avezado comunicador, y algún periodista –o sucedáneo– soltando un mitin como si fuera el apasionado portavoz de cualquier partido, bajo sospecha de su espléndida generosidad a la hora de pactar entrevistas pagadas con dinero público, presuntamente…

A todo esto, el pueblo no cuenta. Sus intereses y derechos quedan orillados ante el beligerante desespero por la pugna de poltronas. ¿Alguien se pregunta qué ventaja o beneficio supone para el ciudadano el circo que se ha montado? Sin tomar partido por ninguna de las dos facciones –difícil sería elegir una u otra, pues todos son iguales–, se evidencia esta suerte de contubernio donde se conculca impunemente el derecho constitucional de la opinión pública a recibir información veraz.

He procurado acompañar mis reflexiones de estos días con informaciones y datos que apoyasen mi inquietud. Encontré cómo existen asociaciones regionales de periodistas, algún colegio profesional con entidad autonómica, y la FAPE: Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles que aglutina burocráticamente gran parte de estas organizaciones locales. Pero no existe un colegio profesional a nivel nacional, como apunto en el párrafo de inicio. Aunque parece estar en proyecto desde años ha.

Hurgando en hemerotecas, encontré este artículo del medio y fecha indicados en la transcripción literal de los párrafos más reseñables:

ARRANCA LA CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS CANARIOS

ABC. Las Palmas 24/04/2018: La comisión promotora ha entregado al Gobierno de Canarias del documento en el que expresa su voluntad de iniciar la tramitación parlamentaria del correspondiente proyecto de Ley. Un colectivo de periodistas de la Comunidad Autónoma, entre los que figuran los presidentes de las Asociaciones de la Prensa de Tenerife y de Las Palmas, Salvador García Llanos y José Miguel Suárez Mujica, se ha dirigido con este objetivo al presidente del Gobierno de Canarias.

Los periodistas canarios que suscriben la comunicación estiman que es el momento de ofrecer el mejor servicio a la sociedad y salvaguardar lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Española que afirma que todo ciudadano tiene derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

El colectivo que firma este documento, ya registrado en el Ejecutivo autonómico, considera que el derecho a la información no estará realmente protegido si no existen sistemas de vertebración de la profesión periodística, autocontrol en el ejercicio profesional del informador, y organismos que garanticen el ejercicio digno de la profesión frente a los poderes públicos y empresariales.

Asimismo, el escrito señala que el nuevo Colegio Profesional de Periodistas Canarios, que deberá integrar a las asociaciones de la prensa de ambas provincias, contribuirá a una mejor defensa de las reglas y del código deontológico de la profesión.

Esto redundará en un mejor servicio a los ciudadanos y a sus derechos fundamentales, al tiempo que se convertirá en un cauce idóneo para la colaboración con las administraciones públicas, y servirá para consolidar y ampliar la tarea en defensa de la libertad de expresión de los periodistas canarios.

¿Cómo y por qué quedó este proyecto en agua de borrajas? ¿Dónde están ahora los miembros de la comisión promotora y los periodistas que suscribieron la comunicación? ¿Acaso en este maremágnum de intereses espurios ha dejado de interesar un código ético de obligado cumplimiento, que al tiempo proteja la dignidad de una profesión y vele por los derechos fundamentales de quienes dedican su vida laboral al dictado de una vocación que debe ser respetada sin reservas?

Sería una gran noticia que se reactivara el proyecto en favor del periodismo de calidad y, en especial, para defender a la opinión pública del clientelismo organizado en Canarias, que sin cómplices dejaría de serlo.

Un enésimo producto de mis cavilaciones: ¿Por qué la publicidad comercial tiene ciertos límites legales que la prohíben como engañosa, desleal, fraudulenta, incluso subliminal, y la propaganda política no tiene más cortapisa legal que los topes en gastos de campaña que, además, tampoco suelen cumplirse?