De una rectificación gubernamental

Fue una de sus frases célebres, ya en democracia, cuando ejercía como jefe de la oposición Manuel Fraga: “El Gobierno solo acierta cuando rectifica”. Recobra vigencia ahora y es de aplicación a propósito de lo dispuesto en la tristemente célebre Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, al establecer que los municipios de menos de veinte mil habitantes, a partir del próximo 1 de enero de 2016, habrían de ceder sus competencias en materia de servicios sociales a favor de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de la nación ha reconsiderado esa disposición, como antes lo hizo con el sistema de elección directa de alcaldes. Lo ha hecho, no nos engañemos, porque las elecciones están al doblar la esquina y no era cuestión de que el asunto estallara en plena campaña y, lo que es peor, lo hiciera en pleno período de preparativos de la nueva legislatura y de la negociación del nuevo ejecutivo.

Algunos gobiernos de varias comunidades autónomas y el municipalismo, prácticamente en bloque, se oponían taxativamente. Los ejecutivos autonómicos adoptaron algunas medidas transitorias para afrontar el trance y amparar a las corporaciones locales con tal de evitar la incapacidad obvia y el desbarajuste en la prestación de los servicios correspondientes. Los profesionales del ramo también hicieron oír su voz discrepante, casi a la desesperada. La controversia subió de tono en las últimas semanas cuando los ayuntamientos canarios, por ejemplo, defendieron sin reservas que el Gobierno de la Comunidad asumiera la financiación del cien por cien de los costes de los servicios sociales.

Gestándose el clamor de protesta, el Gobierno de la nación rectifica, acaso recordando a don Manuel, de modo que no solo deja sin efecto las disposiciones de restar las competencias en políticas sociales a los municipios de menos de veinte mil habitantes sino que reconoce que la asunción de las mismas debe ser objeto de un acuerdo político en cuya negociación, por supuesto, se consignen propuestas y términos de financiación tanto del Estado como de comunidades autónomas y ayuntamientos.

En este sentido, es llamativo que los municipios gobernados por el Partido Popular planteen -volviendo al ejemplo canario- que sea el Gobierno autonómico el que asuma costes, pero la decisión de congelar la entrada en vigor de la disposición prevista en la norma entraña, según admite el ejecutivo de Rajoy, que es necesario modificar los términos de la financiación para garantizar que hay recursos garantizados y evitar una posible devolución de competencias.

La irresponsabilidad mayúscula sería, desde luego, que los municipios no dispusieran de más fondos cuando mantengan o ejerzan las competencias en políticas sociales. Hablamos de municipios de menos de veinte mil habitantes: imaginen lo que eso significaría a la hora de prestar, por ejemplo, algo tan básico como la atención a discapacitados o mayores que lo necesiten.