Reforzar las bonificaciones aéreas

Nueva Canarias (NC) acaba de presentar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Canarias para que se cumpla, en su integridad, lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en relación a las bonificaciones aéreas entre Canarias y el resto del Estado. Incluye la vigilancia estatal de los precios y la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) a las rutas aéreas con el resto de Estado para poder establecer precios máximos de referencia. Se trata de reforzar el enorme avance que suponen estas bonificaciones del 75% para nuestra movilidad, lo que ha quedado corroborado por el significativo aumento en los desplazamientos que se ha producido desde su puesta en marcha.

La aplicación del 75% de bonificación a los billetes aéreos y marítimos entre Canarias y el Estado aminora de forma sustancial los costes de nuestras conexiones. Lo que ha incrementado notablemente los viajes de residentes hacia otras comunidades autónomas. La medida, que entró en vigor el pasado 16 de julio, ha sido un enorme éxito. Según los datos ofrecidos en el Congreso por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado 12 de septiembre; a preguntas del diputado de NC Pedro Quevedo, las ventas de billetes entre las Islas y el resto del Estado subieron un 50% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Como se recordará, pasar del 50% al 75% de descuento fue un logro de Nueva Canarias en el marco de las negociaciones con el Gobierno de los PGE para 2018. Como, un año antes, en las cuentas públicas correspondientes a 2017, lo fue el establecimiento, también a solicitud de NC, de esa misma bonificación para los viajes aéreos y marítimos interinsulares; lo que ha multiplicado la movilidad de los canarios entre las islas.

El aumento de la bonificación en los trayectos con el conjunto del Estado se estableció en la Disposición Adicional 147 de dicha ley de presupuestos y se ha incorporado, asimismo, al Proyecto de Ley que reforma la Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF), que está pendiente de aprobación definitiva por el Senado.

La propuesta de NC no sólo consiste en lograr la bonificación del 75% para las personas residentes en Canarias. También pretende impedir precios abusivos en las tarifas de los vuelos regulares entre las Islas y el resto del Estado para las personas no residentes. Además, y muy especialmente, que el incremento de la bonificación no tenga efectos perversos conllevando un aumento espurio de precios por parte de las compañías aéreas.

Precios máximos de referencia

Por esta razón, se acordó incluir en el apartado dos de la citada Disposición Adicional 147 de Ley PGE para 2018 que, dentro del respeto a la normativa comunitaria, “las autoridades competentes en materia de competencia velarán para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público”.

Hasta el momento no hay ningún informe que permita concluir que se haya producido un aumento de los precios de las tarifas de los servicios aéreos regulares entre Canarias y el resto del Estado. Por eso, nuestro diputado Pedro Quevedo ha solicitado al Ministerio de Fomento información precisa sobre la evolución de las tarifas comparándolas con las del mismo periodo del año pasado, para eliminar cualquier tipo de duda, y para actuar en consecuencia.

Al presentar la proposición no de ley en los dos parlamentos, canario y estatal, pretendemos activar la Disposición Adicional 147 de la ley de presupuestos para 2018, iniciando de esta manera el procedimiento para que se declaren OSP los trayectos aéreos de las Islas con el resto del territorio del Estado porque existen, en nuestra opinión, “razones imperiosas de interés general que así lo aconsejan”.

Esto es lo único que puede permitir imponer unos topes de precios que los operadores no pueden superar, tal como existen en las rutas interinsulares. En la Unión Europea (UE), existen 176 rutas declaradas OSP, de las que 20 se sitúan en España: 13 en Canarias, cuatro en Baleares, dos en Extremadura y una en Andalucía.

OSP interinsular

Pese al desconocimiento manifestado por una diputada estatal de Podemos, en los tráficos aéreos interinsulares de Canarias está establecida, desde hace décadas, la Obligación de Servicio Público, y existe un importe máximo de la tarifa para cada trayecto que no puede ser superado por ninguna compañía aérea.

Esto ya lo preveía la ley del REF de 1994 y, en la ley de acompañamiento de 1997 (Ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social), el entonces diputado Paulino Rivero consiguió que se estableciera en su articulado que el Gobierno “procederá a la declaración de obligaciones de servicio público con los tráficos aéreos interinsulares y, en su caso, en los tráficos aéreos de los archipiélagos con el territorio peninsular”.

En consecuencia, el 10 de julio de 1998, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se declaraban Obligaciones de Servicio Público la mayoría de las rutas aéreas entre las Islas Canarias, en concreto 13 trayectos. La OSP también se incluye en el nuevo REF que actualmente está finalizando su tramitación.

Este sistema de OSP, actualizado posteriormente en 2006 y 2011, tiene como objetivo garantizar, para las rutas interinsulares del archipiélago canario, una prestación mínima de servicios aéreos regulares en términos de continuidad, regularidad, tarifas y capacidad mínima.

Nuestra proposición no de ley tiene, en definitiva, tres claros objetivos plenamente concordantes con las previsiones establecidas en la ley de presupuestos 2018. En primer lugar, que Fomento establezca un procedimiento de seguimiento de la evolución de los precios en las rutas entre Canarias y el resto del Estado y que esta información sea transparente y accesible a la ciudadanía.

En segundo, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fiscalice los precios en las conexiones aéreas del Archipiélago con el resto de España, garantizando la competencia e impidiendo pactos de colusión que los incrementen, adoptando las correspondientes medidas sancionadoras si esto sucediera. Y el tercero, iniciar el procedimiento para imponer Obligaciones de Servicio Público a los trayectos aéreos entre Canarias y el resto de comunidades, que permitan establecer precios máximos de referencia de obligado cumplimiento por las líneas aéreas.

Con ello, cumpliendo y desarrollando lo establecido en la Ley, se garantizaría que la enorme conquista que supone el 75% para los canarios quede completamente consolidada, reforzada y blindada.