Reivindicación en pleno Carnaval

Mucho mérito tienen, desde luego, quienes se concentraron en las dos capitales canarias el pasado sábado, desafiando a las inclemencias y la resaca carnavalera, para pedir el fin de la precariedad laboral y unas condiciones de vida dignas. Convocaba la plataforma No + precariedad, aglutinante de entidades cívicas y asociaciones que reivindican derechos y conquistas sociales en un proceso que durará meses hasta culminar con una gran marcha en Madrid para cuando el buen tiempo haga acto de presencia allá a finales de mayo.

Es un 'no' a las políticas de recortes y austeridad. Se trata de una lucha difícil, sin duda, pese a algunos anuncios optimistas hechos desde instancias gubernamentales y empresriales en el sentido de que había llegado la ahora de incrementar los salarios. Los portavoces de algunas organizaciones han coincidido a la hora de señalar mientras se han ampliado las jornadas de trabajo, los derechos se han reducido, en tanto que las condiciones de vida de jubilados y dependientes se han visto sensiblemente mermadas.

Para la plataforma social citada, “la precariedad impide el acceso a una vivienda, a una sanidad, a una educación digna y a unos servicios públicos de calidad”. Llega más lejos: “Nos privan de la cultura, del deporte y el ocio, y atentan contra el medio ambiente y el patrimonio natural”. Su malestar, entonces, es evidente: hay amplios sectores de población que no han salido de la crisis. Y lo que es peor: las determinaciones políticas no terminan de satisfacer. Al contrario, es como si hubieran empeorado las circunstancias, especialmente las que afectan al ámbito social. Recordemos que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el régimen retributivo de los trabajadores españoles es aún inferior al de principios de la crisis.

Por eso se sigue hablando de bajos salarios y de empleos precarios, estacionales y temporales, hechos que no facilitan la estabilidad y los horizontes personales, sino un estancamiento y hasta un empobrecimiento de trabajadores y familias, además de las desigualdades, en algunos casos cada vez más acentuadas. Las repercusiones en las cuentas de la Seguridad Social y también sobre el Sistema Público de Pensiones, mientras prevalezcan tales factores, son evidentes. Algunos datos, en ese sentido, son reveladores: durante el pasado año, fueron contabilizadas ciento cincuenta y siete millones de horas ilegales, en otras palabras, horas que no son compensadas económicamente ni con descansos y, además, no cotizan a la Seguridad Social que, por tal razón, dejó de ingresar en 2017 unos dos mil millones de euros. Se trata, pues, de un caso evidente de fraude laboral.

No + precariedad pretende sensibilizar a la población en la primavera próxima. Su mensaje: menos parcialidad (especialmente entre las mujeres) y mayor duración en la contratación laboral, única manera, según la plataforma, de ir mitigando la precariedad y de superar las brechas de desigualdad. Claro que para ello se necesitan medidas de otro calado que, de paso, incidan en los derechos fundamentales de modo que éstos no se vean amenazados ni desprotegidos. Tiene unos meses por delante para hacer ver que su malestar tiene fundamentos y no obedece a caprichos ni coyunturas políticas.

El Gobierno, aunque tiene otras asignaturas pendientes de resolución, tendrá que responder.