Salvar GEVIC: algunas aportaciones

Circula por las redes una campaña recogiendo firmas para 'salvar GEVIC' (acrónimo de Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias), acompañada de extensos argumentos en su defensa y sentidas quejas hacia lo que consideran actuaciones en su contra, ya sea una promesa incumplida del Gobierno, ya sea la reciente publicación de información que menciona notorias deficiencias del proyecto, imputando estas actuaciones a oscuros intereses, persecución hacia “lo nuestro”, hacia “la canariedad”, e incluso animadversión hacia la web y sus promotores.

Como responsable hasta el pasado mes de junio de la tramitación administrativa de los expedientes de contratación patrimonial en la Consejería de Hacienda me correspondió la gestión de esta propuesta, de manera que, con cierto conocimiento de causa puedo indicar algunos datos relevantes, lo cual no tiene nada de excepcional; el expediente completo desde el primero al último de sus documentos, es de obligada inserción en el portal de transparencia del Gobierno de manera que cualquier persona debería poder examinarlo sin impedimento alguno.

Es rigurosamente cierta la existencia de tres informes de fechas diferentes que, reiteradamente, proponen desestimar la adquisición de la GEVIC por parte del Gobierno. Como es obligatorio, en dichos informes se detalla con extensión la documentación que compone el expediente, la normativa que regula su posible adquisición y, en particular, aquellos extremos que contravienen o incumplen preceptos y requisitos exigidos por dicha normativa, naturalmente sin perjuicio de cualquier otra opinión sobre ello mejor fundamentada en derecho. No se puede perder de vista que, como cualquier otro gasto con cargo al presupuesto público, esta propuesta de adquisición de la GEVIC solo puede discurrir con los requisitos y por los procedimientos legalmente establecidos. Las consideraciones de sus promotores sobre las cualidades de dicha enciclopedia virtual son perfectamente legítimas pero, obviamente, carecen de valor jurídico como fuente de obligaciones. Menos aún lo tienen las apelaciones a la difícil situación económica que manifiestan atravesar, de la que abundan sin duda casos similares cuando no peores. Los tiempos en que procedía suplicar una actuación del gobernante que graciosamente la concedía o rechazaba pertenecen afortunadamente al pasado. Lo que si tienen los promotores a su disposición es un amplio abanico de acciones legales para defender y reivindicar la realización de su propuesta, tanto ante la propia administración pública como ante los tribunales de justicia impugnando actos que consideren contrarios a derecho o denunciando la inactividad de la administración.

En cuanto a las personas interesadas en el tema, harían bien en examinar el expediente completo, desde la extensa documentación presentada por los promotores hasta los informes citados y la no menos amplia documentación incorporada por el centro gestor responsable, en particular los muy detallados informes de análisis y valoración recabados de especialista externo ampliamente cualificado. Sin duda ampliarán su conocimiento del asunto y dispondrán de mayor perspectiva para formar su propio juicio sobre ello.