Al servicio de la banca

El banquero Alfredo Sáenz era a principios de los años noventa el responsable de Banesto. Por esas fechas, presentó una denuncia contra los accionistas de Harry Walker, uno de los grandes grupos españoles de suministro industrial y automoción, cuyos responsables fueron condenados y encarcelados hasta que se demostró que la acusación se sostenía sobre hechos falsos inventados por Sáenz. Por este motivo, la Audiencia de Barcelona le condenó a tres meses de arresto, 400 euros de multa y, lo que es aún mas importante y definitorio, le inhabilitó para el ejercicio profesional, lo que fue ratificado por el Tribunal Supremo dos años más tarde. Pero Alfredo Sáenz nunca cumplió la condena y además pasó a ser consejero delegado del Banco de Santander. En noviembre de 2011 un Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero acordó indultar a Sáenz, conmutando la pena de inhabilitación por “la multa máxima prevista en la legislación” y eliminando “cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”, lo que se tradujo en aplausos por parte de Botín y de la Asociación Española de Banca a la que le pareció “un acierto” la decisión “ ya que ”es la persona que más ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero español en los últimos 25 años“. Un año después el TS acordó echar por tierra la decisión del Gobierno socialista, aceptando la conmutación de la pena de tres meses de arresto pero no el cambio de la normativa que inhabilita a los banqueros condenados por delitos dolosos.

Pues bien, en el Consejo de Ministros del pasado viernes 12 de abril, el Gobierno de Mariano Rajoy volvió a la carga y, antes de que se ejecute la sentencia que suspende definitivamente a Alfredo Sáenz, aprobó un decreto que consentirá que los banqueros con antecedentes penales puedan seguir ejerciendo a criterio del Banco de España, lo que permitirá seguir desempeñando sus funciones al hombre fuerte de Emilio Botín. Aprovechando la transposición de una directiva europea ?con más prisa que nunca y un mes antes de la fecha establecida por Bruselas- el Gobierno popular lo ha indultado de un plumazo y por la calle de en medio.

Sin ningún pudor, primero el PSOE, y ahora el PP, no solo incumplen sentencias para favorecer las demandas de la banca sino que buscan todos los subterfugios posibles para primar los intereses de un sistema financiero que tiene acogotado a un país entero y a unos gobernantes ?da lo mismo de un color que de otro- que se prestan solícitos a hacer de comparsas y mantener un estatus que está produciendo una enorme fractura social. Así vuelve a hacerse ostensible su soberanía sobre el poder político y a hacerse visible su intención de que la crisis solo la soporte la ciudadanía.

Según el FMI el dinero público destinado a salvar a la banca en los países del G-20 supera el 25% del PIB; a cada hogar español le corresponde cargar con una deuda de 3.500 euros por el rescate a la banca, en un Estado que ya ha destinado a ello más de 100.000 millones de euros de dinero público, hipotecando su futuro y haciendo que la deuda pública española haya batido un récord absoluto desde 1912 en relación con el PIB; solo un 15% de los afectados por las preferentes de Bankia podrá recuperar su dinero y los más de 400.000 accionistas de esta entidad perderán el capital aportado; los dueños de las preferentes estafados por distintas cajas y bancos sufrirán recortes de hasta un 70%; los sueldos y las indemnizaciones millonarias a los directivos de la banca no dejan de aumentar; el Santander ? otros no se quedan atrás- ganó el año pasado más de ocho mil millones de euros; las cláusulas abusivas e ilegales de las hipotecas han puesto en una situación límite a miles de familias y se ha conseguido forzar a la mayoría popular parlamentaria para rechazar la ILP; lograron hacer desaparecer a las cajas y arremeterán próximamente con intensidad contra los bancos resultantes hasta conseguir crear cuatro o cinco grandes megabancos oligopólicos; han ninguneado una y otra vez a la CNMV y escenificado su dominio sobre el Banco de España?

Y no manifiestan ningún recato en mostrar su poder cada día. Como es el caso de Emilio Botín ?que tiene un “asuntillo” pendiente en los tribunales al descubrirse por las filtraciones de HSBC que tenía un mínimo de 2.000 millones de euros ocultos en Suiza- y que no para de dar lecciones demandando del Gobierno continuidad en las reformas, criticando a los políticos por lentitud en adoptar medidas o sacando pecho para afirmar que “los bancos lo han hecho muy bien en España”. O como sucede con la patronal bancaria, que anda presionando al PSOE para que deje de lado su “espiral populista” con su nueva estrategia frente a los desahucios.

Según el último Estudio Internacional de la Fundación BBVA ( Values and Worldviews) los españoles culpan a los políticos y a los banqueros de la crisis y demandan una mayor implicación del Estado en la economía y la defensa del Estado de Bienestar. Más allá de una generalización que se suele suavizar cuando se acerca al ámbito de lo local, no nos puede resultar extraña esta actitud de la ciudadanía: En el año 2009 España se encontraba a la cabeza en calidad de vida, en el puesto número 15 en bienestar, por encima de la media del G-8 según un informe de la ONU sobre el Índice del Desarrollo Humano y cuatro años después ha bajado al puesto número 23. El descenso ha sido considerable. Los últimos informes de Foessa (Cáritas) y la Fundación Alternativas son demoledores: once millones de españoles se encuentran ya bajo el umbral de la pobreza; tres millones viven en condiciones de pobreza extrema; el número de hogares con todos sus miembros en paro alcanza ya la cifra de 1,8 millones; casi 600.000 hogares no perciben ingresos de ningún tipo; la tasa de la pobreza supera el 22%; el paro alcanza una media del 22% (en Canarias casi un 34%); los jóvenes parados superan el 50% (en Canarias los menores de 24 años sin trabajo son el 70%); la desigualdad ha alcanzado el punto más álgido de la democracia; la brecha social cada vez es más profunda y se ha ampliado notablemente la diferencia de rentas; la destrucción de empleo y la moderación salarial han reducido drásticamente el nivel de renta de los hogares españoles; los salarios son los más bajos de Europa; la xenofobia y la discriminación de género aumentan y la protección social, la sanidad y la educación se deterioran?

Hace unos días Joan Esteban nos decía en El Mundo que “España es el país de Europa con mayor probabilidad de un conflicto civil”. La democracia no se puede mantener cuando los partidos pierden su papel de elementos esenciales para la participación política, cuando quebrantan su legitimidad abandonados a la autarquía, la corrupción y la pérdida de respeto hacia los ciudadanos. La democracia no puede funcionar, como señala James K. Galbraith, si los electores no pueden cambiar la política. No puede ser factible cuando quiebra el Estado de Derecho y se pone al servicio de los más poderosos. A eso y solo a eso responde la estulticia de María Dolores de Cospedal tachando de “nazismo puro” a los movimientos sociales que buscan parar los desahucios o la irresponsabilidad de la FAES llamando al PP a que no se deje ganar la calle frente a la “incivilidad garrula”. Un absoluto desprecio a los ideales colectivos de justicia social. Puro desprecio a los que sufren.