Las recomendamos que se lean esta comparecencia del Gobierno de enero de 2011 y, particularmente, las intervenciones de Sergio Roque, porque son muy pedagógicas y reveladoras de cómo actuó el Gobierno, desde la Consejería de Economía y Hacienda, en manos de Soria, hasta los Servicios Jurídicos, dirigidos por Ruano. Efectivamente, Roque revela cómo fueron las garantías aportadas por Vanyera para cumplir con el decreto gubernamental previo a la concesión del aval por 5,2 millones de euros: tres días después del decreto que fijaba las condiciones, la empresa se constituye ante notario y aporta unas “prendas sin desplazamiento” (te las doy pero me las quedo, para que nos entendamos) consistentes en maquinarias, vehículos e instalaciones. Pero algunas de esas prendas estaban en la modalidad de leasing, es decir, propiedad de la empresa pero de aquella manera tan precaria. Los Servicios Jurídicos nada opusieron a esa modalidad de garantía, bastante escuálida pero de la que se podría haber tirado llegado el momento del incumplimiento por parte de la compañía, o de su plan de liquidación, si la Consejería de Economía y Hacienda hubiera ordenado registrar esas prendas en forma de bienes muebles en el Registro Mercantil. Los Servicios Jurídicos sí se pronunciaron, aunque fuera de plazo, contra la venta de la unidad productiva, es decir, de las instalaciones de Vanyera en Melenara, una operación que los letrados de la Comunidad Autónoma calificaron de muy ventajosa para la parte compradora, Ucalsa, que se quedó con los bienes que la concursada había puesto como prenda en favor del Gobierno para garantizar el aval finalmente ejecutado por Caixabank al Gobierno. Un quince.