Ocurrió recientemente en un juicio penal, de esos por los que más de media docena de afectados reclaman a un promotor inmobiliario que les devuelva el dinero de unos chalets que con sus ahorros y toda la ilusión de su vida compraron engañados. Desfilaron ante el tribunal los concejales de Urbanismo que de Santa Brígida han sido estas últimas décadas, todos ellos vinculados al Partido Popular directa o indirectamente, y ninguno de ellos se acordaba de nada. Pero de nada. El promotor, Juan H.M., está acusado de estafa continuada por construir cuarenta chalets en la zona de Los Laureles en un suelo rústico de especial protección así declarado por una sentencia firme de 1995. Con una licencia del Ayuntamiento, de la que nadie se acuerda ahora, H.M. colocó esos chalets, que aún se levantan inconclusos de modo insultante en ese terreno, para escarnio de propietarios estafados y vecinos denunciantes. Desde el Ayuntamiento, los desmemoriados concejales Carlos Sánchez, Rosa Bordes y Luis Troya, y alcaldes también amnésicos como Carmelo Vega y Manuel Galindo (el único oficialmente ajeno al PP), trataron de legalizar la chapuza, pero lo que no tiene encaje en el planeamiento es como si no existiera. Pero no se acuerdan de nada, y eso que alguno de los mentados, además de seguir vinculado al urbanismo, presumió siempre de conocerse cada palmo de la villa y sus alrededores. Incluidos los suelos rústicos de especial protección con expectativas constructivas. Era la época de la irrefrenable fiebre del ladrillo. Y de los maletines volanderos.