Nos hacíamos eco aquí ayer del cabreo que reina entre las asociaciones de consumidores de Canarias por la abrupta retirada de subvenciones del Gobierno de Canarias producida en 2011, que se ha extendido también a 2012 y que amenaza con alcanzar a 2013. Tenemos en nuestro poder los siete escritos de otras tantas asociaciones que calcaron los argumentos (la falta de subvenciones) y las consecuencias (la retirada de todas ellas de las juntas arbitrales de consumo). Y decíamos que flaco favor se puede hacer a los consumidores si las asociaciones que teóricamente los representan se retiran de las juntas arbitrales como medida de presión para que el Gobierno afloje la mosca. Dos de esas asociaciones nos han contestado en sendos escritos, y las dos lo han hecho de modo bien diferente. Así, Uconpa, en manos de José Manuel Quesada Frigolet, nos acusa de no haber recogido la versión de las instituciones y sí de la Dirección General de Comercio y Consumo, cuando en realidad nos basamos en un escrito suyo que si no era su versión desde luego se parecía bastante. Quesada critica duramente a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y hace hincapié en la falta de subvenciones y en que la decisión de retirarse de las juntas arbtirales es puramente de protección legal: “existen solicitudes de arbitraje caducadas y no queremos ser cómplices de algo que conculque la legalidad”, para insistir en que el director general, Gustavo Matos, es el que no convoca las juntas de arbitraje pese a disponer de asociaciones que no han huido en estampida. El presidente de Uconpa no aporta datos de número de asociados ni de actividad de esa asociación, que en el Gobierno consideran poco representativa.