La otra asociación que ha contestado es Auscan, que a diferencia de Uconpa, se muestra cabreada pero dialogante con el Gobierno; reconoce la falta de subvenciones pero parece dispuesta a explorar alternativas para mantener su actividad. De hecho enfatiza en su comunicado que durante 2011 atendió 1.315 consultas (708 telefónicas y 607 presenciales) y que presentó 298 reclamaciones pese a carecer de fondos públicos para actuar. Sus acciones judiciales le han reportado sonadas sentencias favorables, como las obtenidas ante abusos bancarios, daños por retrasos de compañías aéreas o publicidad engañosa por Internet. Esa asociación representa actualmente a 94 consumidores en una querella contra una agencia de viajes de Las Palmas de Gran Canaria. Auscan denuncia que no ha sido convocada este último año por el Gobierno para acudir a ninguna mesa de arbitraje, pero matiza que, de haberlo sido, habría acudido porque “nunca hubiéramos dejado sin asistencia a los consumidores en las juntas arbitrales”. Y da con una clave que seguramente tampoco guste a las demás asociaciones quejosas: “Consideramos que las escasas inversiones públicas para la defensa de los consumidores deberían canalizarse en el futuro en función de la eficiencia de sus resultados y no de otros criterios, y primando a las estructuras asociativas independientes, esto es, que garanticen su financiación sin depender de los gobiernos”. La asociación que preside Francisco Marrero se nutre de las cuotas de sus asociados y mantiene un servicio de asesoramiento gratuito y de defensa jurídica ante los juzgados. Dos versiones, dos, del mismo problema, con distintos enfoques y dispares resultados. Veremos que les depara el futuro.