Es todo un cambalache. Cambalache es que un organismo del Gobierno, como el Servicio Canario de Salud, cambie las bases de un concurso para que lo pueda ganar una empresa propiedad de un asesor de ese servicio, el abogado Javier Artiles, que participa en mesas de contratación, que contesta recursos, que asesora a altos cargos y hasta que redacta las condiciones para que otros como él puedan concursar para contratar con la Administración pública. Cambalache es que los altos responsables de Sanidad confiesen que no controlan que las empresas concursantes puedan estar participadas, pongamos por caso, por el mismísimo presidente del Gobierno o por la consejera de Sanidad de turno. Cambalache es que nadie se responsabilice a ciencia cierta de unas condiciones en las que no solo están en juego 125 millones de euros de los contribuyentes canarios, sino la salud de miles y miles de enfermos que han de dializarse dos veces por semana. Una ausencia total de transparencia, de rigor en el control del destino de los fondos públicos, de diligencia a la hora de atender servicios sanitarios vitales, de tráfico de influencias, de perversión, en definitiva, del encargo que acometen los que están para servirnos. Y todo ello con la crisis ya detectada y reconocida, en 2010, lo que no permite ningún tipo de excusa.