Les recomendamos que se lean con atención el artículo de Santiago Pérez, actual concejal en la ciudad de La Laguna, sobre la nada sibilina manera que ha tenido el Gobierno de España de entrar a saco en la hasta ahora sacrosanta autonomía municipal, consagrada por si no lo recuerdan en la Constitución. Lo ha hecho por donde más duele, por el enorme endeudamiento que tienen los municipios con proveedores y por la desesperación que les está suponiendo no poder hacer frente al pago a empresas que saben que están cerrando, entre otras cosas, por falta de liquidez. Todos los ayuntamientos que se han acogido a la modalidad impuesta por el Ministerio de Hacienda han terminado pasando por el aro de un plan de ajuste por el que se comprometen a comulgar con las doctrinas más al uso en los centros de decisión económica de Europa. Las doctrinas que imponen la estabilidad presupuestaria, esto es, no poder ser deficitarias, y ejecutar todos aquellos recortes que sean necesarios para alcanzar tal objetivo. Entre otros métodos, se bendice el despido de trabajadores públicos, pero eso sí, aplicándoles convenientemente los nuevos preceptos de la reforma laboral. Porque se prohiben expresamente los pactos o acuerdos de despidos indemnizados por encima de esa nueva regulación. A los partidos políticos, tanto si gobiernan como si están en la oposición, se les plantea una disyuntiva diabólica: o aceptan las condiciones o se les somete al martirio presupuestario del Estado y al natural reproche de los proveedores, que o no cobran o verán muy lejana en el tiempo la solución a su problema.