Las instituciones no saben cómo gestionar el sector de taxi en Canarias, porque cuando creen solucionar un problema y taponar una vía de agua, se les abre otra en el municipio o en el aeropuerto de al lado; o un juez abre unas diligencias para comprobar si ha habido delito, con su correspondiente dejación de funciones por parte de la corporación competente. Es un sector difícil, plagado de pirateo, aunque con grandes profesionales que sufren en silencio las continuas convulsiones, los vaivenes de las administraciones y sus propias divisiones internas. Considerado históricamente (siempre antes de que surgieran las redes sociales) un termómetro social y político de primera y una influyente masa electoral, muchos políticos se han volcado a agradarlo mirando siempre para otro lado cuando tocaba aplicar leyes u ordenanzas, y de aquellos polvos vinieron estos lodos. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la conmoción aún viva por las investigaciones policiales y judiciales contra los floteros no hace más que complicase. Acaba de reabrirse una causa que permanecía cerrada y se acumula a la más reciente, lo que hace que estén en remojo muchos líderes del sector al que, precisamente por esto, convendría dejar en estos momentos en situación de expectativa de destino. No lo ha creído así la consejera de Transportes del Cabildo de Gran Canaria, María Rosario Godoy, que acaba de premiar, en los fastos correspondientes al IV Encuentro Insular de Transportes al histórico dirigente del taxi y ex concejal de Tráfico y Transportes de la ciudad Juan Michel Cabrera Falcón. Ya están los asalariados y algunos autónomos echando sapos y culebras por la boca porque no entienden que se premie a alguien que, desde sus responsabilidades antiguas, taponó la posibilidad de que el asunto de los floteros saliera a flote, valga la redundancia. Sostienen estos mismos críticos que Juan Michel Cabrera explota una licencia de taxi mediante el muy perseguido método de un asalariado, a pesar de cobrar una pensión completa por jubilación, lo que a su juicio agravaría el agravio propinado por la misma institución que ya ha tenido más de una tirantez con el sector.