Que la libreta dela malograda Toñi Torres se movió por determinados despachos y domicilios teldenses es un hecho incontestable. La manejaban los imputados hasta el punto de ser algunos de ellos los que la iban enseñando a los periodistas teldenses con el fin de influir en ellos y desmentir que algunas de las iniciales pudieran corresponderse con el nombre del portador. Eran, por si no lo recuerdan, unas elocuentes notas realizadas por la concejala en las que especificaban las cantidades repartidas entre miembros de la mayoría municipal del Partido Popular. Los dineros procedían del cobro de comisiones ilegales que la señora Torres, a través de su asesor personal, Francisco Gordillo, realizaba a los contratistas que tenían no se sabe si la fortuna o la desgracia de contratar con el Ayuntamiento de Telde. A pesar de las filtraciones y de los errores atribuibles a la Policía y al juez instructor, la investigación se extendió a otras actividades ilícitas del PP, como las obras de reforma de su sede local, remodelada gracias a los favores de los empresarios que eran convenientemente extorsionados. El presidente local de entonces es ahora el concejal de Urbanismo de Telde, y la actual alcaldesa, María del Carmen Castellano, se enfrenta a petición de concena en el banquillo si alguna vez termina por celebrarse el juicio del caso Faycan.