No debe ser casual la machacona insistencia en el mantra “las crisis son oportunidades”. Oportunidad para reconducir, para recortar, para gravar, para agravar, para reinventar, para reformar o, sencillamente, para desregular, que viene siendo la piedra filosofal del momento. El ministro de Agricultura, Miguel Ángel Arias Cañete, empieza a convertirse en el primer miembro del Gobierno de Rajoy que hace coincidir sus palabras con la verdad, con su verdad, y con la que se contiene en el programa electoral del PP para las recientes elecciones del 22 de noviembre de 2011. Cañete ha anunciado, sin concretar apenas nada, que el Gobierno va a reformar en profundidad la Ley de Costas para “poner en valor” el litoral y ofrecer “seguridad jurídica” porque, en el momento en que estamos, “el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico”. Y ahí es donde nos encontramos con el bollo del cogollo del meollo: la crisis y las urgencias, en aplicación del mismo modelo desarrollista de siempre, justifica la desregulación, o al menos, la revisión a la baja de las normas proteccionistas que desde 1988, nos habíamos dado en España para al menos contener esas ansias devastadoras que algunos siguen teniendo sobre el litoral. Si la “seguridad jurídica” que introdujo Aznar en la modificación de la Ley del Suelo en 1996 dio lugar a más corrupción y a la burbuja inmobiliaria cuyo pinchazo estamos pagando ahora en forma de un mayor desempleo que la media europea, la desregulación que se barrunta en la costa, tan dada siempre a la especulación y al conchabeo, no puede hacernos presagiar nada bueno. Máxime cuando al frente de las instituciones que gobiernan la mayor parte del litoral español, han quedado ahora dirigentes del mismo partido que propicia esta “puesta en valor”.