Juan José Cardona acaba de desperdiciar otro glorioso momento para callarse. Su incontinencia y su irrefrenable empeño por atacar a la oposición le han vuelto a jugar una mala pasada, y ya se sabe lo caro que sale en política decir una palabra más de las necesarias. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado que el único quebranto económico para la ciudad en relación con el Canódromo ha sido el producido por el importe del informe encargado por el anterior gobierno municipal socialista a la Universidad de Barcelona. Un informe, ya saben, que costó 60.000 euros y que sirvió para evaluar al céntimo, al centímetro y al peso el tamaño del pelotazo que se dio en esa controvertida parcela del barrio de Schamann y cómo fue de fallido el urbanismo practicado estos años por el Partido Popular. Un urbanismo en el que ha tenido mucho que ver precisamente el actual alcalde, que era concejal del ramo cuando se permitió un convenio urbanístico que supuso para la ciudad perder en compensaciones nada menos que nueve millones de euros. Cardona se equivoca cuando dice que ese informe ha sido un dispendio porque elaborado como fue por un equipo de especialistas, ya se ha incorporado al expediente que deberá volver a analizar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para ajustar la sentencia que el Tribunal Supremo le ha devuelto para que la redacte de nuevo. Solamente por ese motivo ya estaría justificado el gasto. Pero hay más motivos.