Catastrazo: variantes, variaciones y desvaríos

No, no se han vuelto locos los ayuntamientos de España subiendo prácticamente al alimón el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el famoso IBI. La regularización nacional del catastro es un plan que arrancó en 2013 por decisión del Ministerio de Hacienda y que acabará en 2016. Se trata de una revisión de los valores catastrales que afecta a casi 2.000 ayuntamientos de toda España, cada cual en una proporción de acuerdo con sus características. En el caso del de Las Palmas de Gran Canaria no se actualiza desde 1996 y la proporción a aplicar es del 10% porque actualmente mantiene un promedio del 30% sobre el valor de mercado, cuando debía ser del 50%. Estos son algunos de los aspectos que el gobierno municipal no ha sabido o podido explicar y, cuando lo ha hecho, ha recibido por parte de la oposición, especialmente del Partido Popular, una tarascada de las que hacen temblar al misterio. Sin embargo, a poco que cualquiera indague mínimamente (basta una simple búsqueda en Google) se encuentra con algunas sorpresas muy llamativas. La primera es, como ha quedado dicho, que la revisión es nacional, por orden ministerial del departamento de Montoro, lo que aleja del foco de la decisión al pacto tripartido (PSOE, Nueva Canarias y Las Palmas de Gran Canaria Puede) que gobierna esa ciudad, o al bipartito (Coalición Canaria, Partido Popular), que lo hace en Santa Cruz de Tenerife. La segunda sorpresa que aflora es que el Partido Popular, con Juan José Cardona al frente, se resistió durante su mandato a ejecutar esa revisión, lo que le obligó, también por prescripción ministerial, a subir a todos los contribuyentes el IBI en un 10% de una manera lineal, es decir, a todo perro pichichi, le correspondiera o no. ¿Quién no se acuerda de ese sablazo? Aquella subida dejaba fuera, claro está, a todos aquellos propietarios que habían edificado sus solares, ampliado sus viviendas o mejorado el valor de sus inmuebles porque se retrasaba su actualización. Pagamos la subida todos por igual. Cardona y los suyos prometieron que todo se regularizaría en 2014 para el ejercicio de 2015, pero no lo pudieron o no lo quisieron hacer. Al llegar el nuevo grupo de gobierno, la posibilidad de escapatoria era nula porque el plan de regularización catastral, como ha quedado dicho, termina en 2016.

El PP se desmelena

Lo siguiente que se descubre en un leve recorrido por la hemeroteca es que lo que al PP de Las Palmas de Gran Canaria le parece una cacicada del equipo de Augusto Hidalgo, es lo más natural del mundo para sus compañeros del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde un sorprendido José Manuel Bermúdez gobierna con los populares y ejecuta la misma revisión catastral sin ruido alguno. Agarrándose como clavo ardiendo a una errónea reinterpretación periodística del asunto, Cardona y los suyos, particularmente su concejal Ángel Sabroso, se han lanzado a la prensa, las radios y las redes sociales a soltar una sarta de disparates que harían sonrojar a cualquier político honrado. Primero, acusando al gobierno municipal de “pedir a hurtadillas” al Ministerio de Hacienda la revisión catastral a sabiendas de que es impepinable, y segundo, reclamando que haya una rebaja del 10% que ni ellos hicieron mientras gobernaron y que, como ha quedado claro, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto aplicar para que la subida del catastro quede neutralizada. En las redes sociales, donde se desenvuelve casi con la misma naturalidad que en las canchas de balonmano donde arbitra, un desmelenado Ángel Sabroso llamaba mentiroso al alcalde y azuzaba a los periodistas radiofónicos que recogían la versión de Hidalgo para que la que prevaleciera fuera la del PP, a todas luces falaz. Lo que el PP no hizo durante sus cuatro años de mandato con mayoría absoluta y un Gobierno en Madrid con la misma holgura lo exige ahora con cajas destempladas a los que no hacen otra cosa que aplicar las imposiciones del mismo partido. Fascinante.

Más de 23.000 familias subvencionadas

Lo que no han dicho ni Cardona ni Sabroso es que los contribuyentes de Las Palmas de Gran Canaria no pagarán ni un euro más de IBI, a no ser que la revisión catastral que está ejecutando una agencia estatal con un presupuesto de 124 millones de euros detecte cambios significativos en el valor de la propiedad en cuestión. La previsible subida generalizada del 10% que se nos viene encima quedará neutralizada con una rebaja en el IBI en la misma proporción. Tampoco hizo nada Cardona en 2011, cuando tomó el poder en la ciudad, con aquellas familias con menos recursos que sufrieron el taponazo en el IBI en la misma proporción que las que se lo podían permitir. El actual gobierno municipal ha anunciado, por el contrario, que habilitará una partida de 2 millones de euros para subvencionar a los propietarios que no puedan hacer frente al IBI, y en algunos casos habrá algunos que tengan una ayuda del cien por cien. Los primeros cálculos del Ayuntamiento hablan de que de esa medida se podrían beneficiar entre 23.000 y 26.000 familias. Lo que pretende Cardona, es decir, que no se aplique subida alguna y que, por lo tanto, la rebaja del IBI sea del 20% lineal, para los que pueden pagar y para los que no, es un disparate impropio de quien conoce la administración por dentro. Esa decisión supondría para las maltrechas arcas municipales una pérdida de 7 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar las consecuencias de la ley de estabilidad presupuestaria del PP que haría rebajar el techo de gasto.

Presumiendo de saneamiento, no de pufos

El momento ha sido aprovechado por Cardona y su muchachada para sacar pecho sobre el saneamiento de la hacienda municipal, lo que a su juicio permite rebajarle el impuesto a todo el mundo por igual, tenga el poder adquisitivo que cada uno tenga. Sin embargo, los agujeros que dejaron Cardona y su equipo de concejales para el que viniera detrás son para tararí y no echar gota. Sirva a título de ejemplo aquel desafuero protagonizado por su director de gobierno Claudio Alberto guión Rivero, que rebajó del taponazo el 30% del sueldo a los altos funcionarios habilitados nacionales (secretaria general, interventor, etcétera) por negarse a avalar con sus informes los disparates que se hicieron en el primer tramo del mandato pepero. Aquella alcaldada supuso tal estampida que de nueve funcionarios de ese nivel solo queden dos en el Ayuntamiento, uno de ellos a punto de la jubilación; no hay interventor, no hay tesorero… y sí una ristra de demandas que se han tornado sentencias firmes que van a obligar al actual grupo de gobierno a aflojar la nada despreciable cantidad de 170.000 euros. Sumen a eso las condenas que se vienen encima por las fallidas relaciones de puestos de trabajo impuestas manu militari y la interminable lista de sentencias urbanísticas perdidas por fallidas expropiaciones, con lo que ya se podrán imaginar lo oportuno que es reducir los ingresos municipales para darle gusto a Juanjo Cardona y a Angelito Sabroso.