Pero Celso fue el pringado del caso Eolo, el director general de Industria que vio una oportunidad de sacar una pequeña tajada donde otros se estaban preparando un pelotazo de alto calibre. Aquel, el de los grandes, era un juego al que a él no le invitaron a jugar, y por eso se lo montó por su cuenta y riesgo. Su atrevimiento le pasó una cara factura que hace tiempo que está pagando en lo personal y en lo profesional, y sirvió de escudo con el que los investigadores supieron tapar a los verdaderos tiburones de esta trama. Porque todo quedó en él, nadie quiso ir más arriba, nadie investigó a Luis Soria, consejero de Industria, superior jerárquico inmediato de Perdomo, a pesar de los claros indicios que lo situaban maquinando con algunos empresarios interesados en aquel frustrado negocio eólico. Fue esta trama la primera de corrupción en Canarias, la primera de la que se hizo cargo la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas. Su responsable, el comisario Ignacio Badenas, se paró en Celso, no vio nada más allá. Por eso las siguientes redadas de corrupción contra el PP las llevó otra brigada, la de Información, lo que irritó enormemente a Soria y a su partido. El hermano de Luis, José Manuel, prometió al comisario Baenas que sería jefe superior de Policía cuando regresaran al poder, y como el compromiso no lo pudo cumplir (Badenas no es comisario principal, requisito exigido ahora por el PP), le han compensado con un puesto impresionante: agregado de seguridad en la embajada de España en La Habana, un chollo único. Celso lo sabe todo; sabe tanto o más que este comisario, pero ha preferido callar hasta el momento. Su ascenso en el Cabildo podría ser interpretado como un intento del PP por apaciguar sus posibles impulsos delatores, pero nada hace pensar que el presidente, Bravo de Laguna, estuviera en esas claves. Que lo hayan movido consejeros muy afines a los Soria estaría por ver. La respuesta, casi todas las respuestas, en el juicio, en cuanto los jueces acaban de responder la avalancha de recursos (más de 150) interpuestos por las defensas de los acusados.