El concurso de TDT se saldó con adjudicaciones del más variado pelaje, algunas de ellas muy del gusto de los dos partidos gobernantes en Canarias y remedo de la deriva que en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP habían conducido a potenciar y/o perpetuar el poder mediático de la derecha. La parte nacionalista del invento también otorgó licencias televisivas a empresarios afines que, por la crisis o por manifiesta incapacidad para gestionar lo que se les puso en la mano, han acabado sucumbiendo y emitiendo tarot las 24 horas del día. Por si fuera poco el desastre, sucesivas sentencias judiciales han apuntado hacia la nulidad total del concurso, licencia por licencia, con graves acusaciones de desviación de poder, uno de los fenómenos presentes también en ese otro escándalo endémico nuestro archipiélago que se llama el caso Canódromo. Las TDT han resultado nulas de pleno derecho porque el Gobierno de Canarias externalizó nada menos que la evaluación de las ofertas presentadas al concurso poniéndola en manos de una empresa que tenía vínculos con algunos de los concursantes. Lo que mal empieza, mal acaba.