Andan muy cabreadas con el Gobierno de Canarias las asociaciones de consumidores de las Islas después de que, desde 2011, se quedaran sin las subvenciones a las que venían acostumbradas. Cosas de la crisis que no les vamos a contar a ustedes para no ser cansinos. Su respuesta de entonces fue conjunta y sin disimulo: a lo largo de dos días, las siete asociaciones más importantes de las Islas presentaron en el Registro de la Comunidad Autónoma los mismos escritos, los mismos, ante la Dirección General de Comercio y Consumo mostrando su coordinado disgusto y pidiendo, en coordinada represalia, darse de baja del Sistema Arbitral de Consumo de Canarias, las famosas juntas arbitrales llamadas a dilucidar conflictos entre consumidores y comercios-prestadores de servicios para evitar procedimientos judiciales engorrosos. Nada que reprochar a la actitud de cada cual si con ello se resolviera algo, pero el resultado es que sin asociaciones de consumidores el funcionamiento del arbitraje queda capado, es decir, boicoteado por una de sus patas. La norma obliga a constituir juntas o colegios arbitrales con un árbitro en representación de los consumidores cuando la cuantía en litigio supere los 300 euros, y sin esa pata no hay tu tía. El resultado es más que evidente, la indefensión de los consumidores a los que esas asociaciones representan. Ahora, tras un año de rabieta y seguramente al comprobar que las subvenciones siguen sin aparecer por ninguna parte, han denunciado el bloqueo de las juntas arbitrales, lo que viene a ser igual a no comer ni dejar comer. O algo parecido.