La seguridad jurídica, según TUI

50 millones, 50. De euros, claro. Esa es la cantidad que ha tenido que aflojar el touroperador alemán TUI a la Hacienda española por un fraude fiscal consistente en escamotear al fisco una parte del impuesto de sociedades que tenía que declarar en Mallorca. ¿Bonito, verdad? En Mallorca tiene su domicilio fiscal español, porque es en Mallorca donde participa en la cadena hotelera RIU en un 50% de su capital, que a su vez posee el 5% del touroperador. Nos hemos detenido a analizar el comunicado emitido para justificar el descalabro y la cosa tiene mucha enjundia. Veamos los datos. Primer dato, el co-poprietario de RIU pacta con la Agencia Tributaria y con el Ministerio Fiscal ese pago de 50 millones, que provienen de haber defraudado la módica cantidad de 28 millones de euros, engordada por multa e intereses. Por lo tanto, ya hay un reconocimiento por parte de la compañía de que el delito (a partir de 120.000 euros de fraude ya opera el Código Penal) se cometió, y en cinco ocasiones, correspondientes a los ejercicios que van de 2001 a 2005, ambos inclusive. Según diversas informaciones periodísticas, el mayorista turístico “diseñó una sofisticada red de ingeniería fiscal para eludir el pago de parte de sus impuestos en Balears” (Última Hora). Segundo dato: El caso fue investigado por la justicia, que imputó inicialmente a ocho directivos de TUI, pero “la compañía bregó para que un solo alto ejecutivo se declarara personalmente culpable” (El País). Es decir, eligieron un cabeza de turco que asumirá la condena, los antecedentes penales y el mal trago. Por supuesto, han elegido a un administrador inglés para que la cosa sea más llevadera.

“No es de interés esta disputa”

Tercer dato: TUI presenta públicamente el caso como una graciosa concesión a las autoridades fiscales españolas, y no como un reconocimiento explícito de que tejió esa red de ingeniería financiera para eludir parte de los impuestos que está obligada a pagar: “No es de interés para el grupo seguir en la disputa del asunto”. Es decir, que la larga pugna de dos años por evitar pagar tremenda talegada y los intentos ante el juzgado por que se declararan prescritos los delitos, forman parte del ejercicio físico matinal que hacen los propietarios de este mayorista turístico y sus socios mallorquines. El acuerdo alcanzado, además del pago de la multa, reduce en un tercio la condena, que la fiscal eleva a 24 meses de cárcel. Gracias a ese acuerdo, el juicio se verá el día 31 en un juzgado de lo Penal por el procedimiento exprés. Cuentan las crónicas que estamos ante el mayor fraude fiscal y, por lo tanto, ante la multa de mayor cuantía de cuantas se han producido jamás en las Islas Baleares. Hasta aquí los datos, ahora las apreciaciones.

Los que claman por la seguridad jurídica

Como decíamos al principio, TUI es co-propietaria, junto a la familia RIU, de la cadena hotelera mallorquina de igual nombre, que tiene 16 hoteles en Baleares, 26 en Canarias y un número en constante crecimiento en el Caribe. Es, por lo tanto, corresponsable de la campaña lanzada en Gran Canaria en contra del Cabildo por haber osado abrir expediente de Bien de Interés Cultural sobre el Oasis de Maspalomas, pieza natural de suelo sobre la que la compañía tiene suspendidas una licencia de demolición del hotel Maspalomas Oasis y otra de construcción de un mamotreto en forma de biombo con el que arrasar y tapar para la posteridad ese espacio. En su cruzada contra esa iniciativa institucional, respaldada por colectivos culturales, arquitectónicos y ecologistas, la denuncia más esgrimida por el grupo empresarial ha sido el del peligro que supone para los inversores la pérdida de seguridad jurídica. Es decir, que un grupo hotelero pueda perder sus derechos urbanísticos sobre una pieza de suelo por una decisión política que ese grupo considera arbitraria. Nada que objetar a las consideraciones que cada cual pueda hacer sobre de las gestiones de los responsables institucionales, pero, que sea un grupo empresarial al que trincan con un fraude fiscal de 28 millones de euros el que venga a Gran Canaria a pregonar la grandeza de la seguridad jurídica, cuanto menos provoca risa tonta. Porque tan de obligado cumplimiento son las leyes de ordenación territorial y de protección ambiental como las de la hacienda pública, al menos hasta este último consejo de ministros.

Atrincherados tras Marichal

Este mismo grupo empresarial, este tándem entre TUI y RIU, está desarrollando estos días en Canarias una desafortunada estrategia jurídico-mediática que tiene como objetivo cargarse la tramitación institucional de los planes de protección del Oasis de Maspalomas. Conocedores gracias a sus contactos dentro de la empresa pública Gesplan de las prescripciones que el expediente BIC ya tiene diseñadas, y consecuentemente discrepantes con el futuro que se barrunta a ese espacio, han abierto el aliviadero que durante meses venían conteniendo, y por él ha fluido la labia torpe y pendenciera del hombre que han elegido para ejecutar el trabajo sucio, el presunto empresario Cristóbal Rodríguez Marichal. Pero suya no es la estrategia: imposible atribuir a un personaje así la conducción de una sibilina secuencia jurídica y mediática destinada a dañar al presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, en el que personalizan la culpa, para alborozo indisimulado del ministro Soria, aliado impenitente del poderoso lobby turístico mallorquín, particularmente de RIU. Día a día, capítulo a capítulo, se van descubriendo las cartas, y tras ellas, cómo Marichal fue preparando el terreno para poder presentarse ante la Fiscalía y ante el periódico La Provincia con una tonga de correos electrónicos, SMS, contratos y otras vainas con los que formar un cuerpo acusador en apariencia creíble. Al argumento de parte, sin embargo, le falta la parte contraria y/o contratante, porque cualquiera puede enviar sin recibir, y usar lo enviado con lo poco recibido como una prueba de cargo que habrá de tener como exponente definitivo la consecución del propósito. Y a cualquiera se le pueden volver repentinamente en contra los correos utilizados para prefabricar pruebas, y no solo por el delito de provocación del delito, sino por el atronador escándalo que se descubriría. Exiges seguridad jurídica y responsabilidades políticas, y terminas aplastado por el Código Penal y con la castidad empresarial por los suelos.