Se han vuelto a plantar los empresarios canarios, al menos los que a día de hoy continúan teniendo capacidad inversora, y le han dicho al Gobierno que hay que cambiar las cosas. La maraña burocrática en la que se mueven los planeamientos urbanísticos municipales e insulares con el arbitraje del Gobierno; la interminable tramitación de cualquier tipo de proyecto en cada una de las numerosas administraciones con competencias y el caos fiscal generado en la gestión de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) son los tres elementos principales que se pondrán sobre la mesa este martes en la reunión que Paulino Rivero celebrará en Las Palmas de Gran Canaria con un ramillete de empresarios de la provincia oriental. A falta de alguna incorporación de última hora, está confirmada la presencia del presidente de la patronal, Sebastián Grisaleña, y de la presidenta de la sectorial de la construcción, María de la Salud Gil, además de empresarios como Eustasio López (Lopesan), José Abraham Domínguez y Javier Puga (Herdomisan), Juan Miguel Sanjuan (Satocan), Valentín Parejo (El Corte Inglés), Juan Rodríguez (Cororasa) y Pedro Agustín del Castillo (Inversiones San Felipe). La reunión fue solicitada hace unas semanas, justo cuando unas declaraciones públicas de Javier Puga encendieron la mecha del barril de pólvora en el que se asienta la proverbial paciencia del empresariado isleño.