Cierto es que la nueva resolución, conocida el viernes, la adopta casi por unanimidad el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, lo que le otorga al asunto una solemnidad que hasta ahora no había alcanzado el asunto. Una solemnidad rota ?y aquí viene el segundo motivo que debería inquietar a esos dos funambulistas de la celebración espontánea- por un contundente, y en apariencia cabreado, voto particular de una de las magistrada, Cristina Páez, que no solo empaña esos fastos, sino que da pie al recurso de los vecinos de Schamann ante el Supremo y animará, sin duda, a todos los que continúan alentando la vertiente penal del asunto. Porque la magistrada Cristina Páez es bastante contundente al afirmar, entre otras cosas, que en el caso Canódromo “no concurren intereses públicos que justifiquen la decisión del planificador [urbanístico], sino el exclusivo interés de cumplir con un Convenio [el firmado por el Ayuntamiento e Inprocansa] que favorece extraordinariamente a la entidad promotora en detrimento de los usos sociales, dotacionales y de servicios”. El voto particular de la magistrada avala a los que desde el principio venimos sospechando que el pelotazo del Canódromo es producto de una auténtica maquinación a la que la Justicia debe poner cuanto antes nombres y apellidos para hacer buena una de las boutade del fin de semana del ministro Soria: “La Justicia llega tarde, pero llega”.