La auditoría, como toda que se precie, no señala responsables ni culpables. Se limita a diagnosticar el estado de la cosa auditada, dejando negro sobre blanco la evidencia de que el Cabildo no tiene control, seguimientos ni informes sobre los centros de menores de ONG como Mensajeros de la Paz, la Fundación Canaria Sociosanitaria o la conocida en la órbita de la chapa y pintura Mundo Nuevo, a cuyas arcas ingresa desde 2009 cantidades fijadas entonces y prorrogadas de manera, cuanto menos, sandungera, sin que se hayan establecido nuevos convenios bajo premisas, cláusulas y justificaciones adaptadas a la realidad, como mínimo, de 2012. Porque no es lo mismo 2009 en materia de menores, sobre todo en los centros de acogidas de inmigrantes, que en 2013, cuando las pateras y cayucos llegan por goteo y, si lo hacen, van en ellas más adultos que niños con derecho a acogida. Pero de la lectura de ese informe, nos cuentan que cualquiera que esté al tanto de la denuncia judicializada en 2011 puede llegar a conclusiones más que fundadas de que aquí hay tomate. En esa denuncia de tortuoso recorrido judicial se refleja que la desviación de dinero público en el presupuesto cabildicio para menores de 2009 pudo llegar a los dos millones de euros como “coste extra innecesario” para el Cabildo de Gran Canaria, precisamente por la contabilización del ratio menor/día como si todas las plazas de los centros de acogida estuvieran ocupadas, hecho que resalta la propia auditoría como uno de los puntos negros de la red de centros insular y su gestión desde lo público. Habrá que ver cómo interpreta la juez instructora estos datos objetivos externos con el dedo acusador del denunciante, que señala claramente la responsabilidad de al menos nueve personas, desde el Interventor del Cabildo de Gran Canaria hasta el consejero de entonces, Pedro Quevedo, por cierto, ahora diputado de Nueva Canarias en el Congreso y por tanto aforado que sólo podría ser investigado por el Tribunal Supremo...