Lo de la Jefatura Superior de Policía de Canarias es como la Ley de Murphy: ya saben, lo de la tostada que siempre cae al suelo por el lado de la mantequilla. Porque de otro modo no se pueden entender los líos en que se mete la cúpula del cuerpo en las Islas últimamente. Les imaginamos ya al tanto de las andanzas del inspector de Policía del puesto fronterizo en el puerto de Puerto del Rosario, detenido el viernes por su presunta relación directa con el clan de la droga de El Cotillo, la denominada operación Botavara en la que un hermano suyo, guardia civil para más inri, está en prisión provisional con otros compinches del Instituto Armado. Pues bien, atentos: en la Comisaría de Puerto, a un lumbreras de mayor rango, el mismísimo comisario, no se le ha ocurrido mejor premio a la detención de su inspector que concederle un mes de vacaciones, un largo periodo lejos del mundanal ruido que vendrá a coincidir con la orden de expulsión de la isla decretada por la juez del caso para esta vergüenza de la Policía Nacional. Todo un capote al pollo de los Marichal, dispuesto, como saben y temen todos sus compañeros en la isla, a seguir tocando todos los palos del Código Penal, con el consentimiento del comisario Jesús Redondo. La noticia ha sentado como una bomba en las filas majoreras de la Policía, justo cuando se esperaba que con la caída de este sujeto sus subordinados y víctimas vieran un rayo de luz y un lavado de imagen del Cuerpo en la isla. Lejos de eso, y sin que sepamos aún a ciencia cierta qué ha tenido que ver la comisaria provincial, Sagrario de León, y el jefe superior, Valentín Solano, montan al inspector Cabrera Marichal en tremendo puente de plata para que quede pública constancia del poder que todavía controla en la sombra por medio de su comisario protector.