Se consumó la dimisión de Ildefonso Jiménez tras la sentencia de primera instancia que le condena a dieciocho meses de prisión y a diez años, diez, de inhabilitación para cargo público. El delito, según la magistrada Mónica Oliva, haber prevaricado al conceder licencia de primera ocupación a varios chalets en Telde, entre ellos el de un compañero de su partido, José Mendoza. Jiménez estaba este viernes dolido, pero entero, porque está convencido de que no ha prevaricado, un delito que requiere para su consumación actuar a sabiendas (Prevaricar: dictar resolución injusta a sabiendas), y por el tamaño de pena que la juez le ha impuesto, debió haberlo hecho con dolo, es decir, más a sabiendas todavía. No parece reflejarse así en la sentencia, que el ya ex concejal de Nueva Canarias ha anunciado que recurrirá en la confianza de que algún magistrado se fije en el delito de falsedad en documento público que llevará a juicio en cuestión de meses a un personaje clave en este sainete, el jefe de los servicios de Urbanismo de Telde, José Luis Mena, al que otro juez ha atribuido de modo indiciario haber falsificado los informes que finalmente han conducido a Ildefonso Jiménez a la condena. La dimisión es una dimisión justa: existe una condena que implica inhabilitación, y aunque no es firme, los cánones ordenan que el político teldense abandone su cargo público. ¿Pero ha sido justa esta sentencia?