La dimisión de Dívar sigue siendo obligada y exigible, porque un país democrático, moderno, que cada día proclama algún nuevo reglamento o ley de transparencia no se puede permitir tener al frente del órgano que gobierna a los llamados a aplicar esas leyes transparentes a un vividor de semanas caribeñas que invita a su amante a cenar y a dormir en sábanas de raso con el dinero de los sufridos españoles. La podredumbre que anida en el Consejo General del Poder Judicial alcanzó esta semana pasada su cénit en el momento en que cinco de sus vocales, lejos de pedir la dimisión de Carlos Dívar, pidieron la del denunciante de estas correrías marbellíes. Es verdad que la dimisión de Carlos Dívar daría lugar a que se ponga al frente del Poder Judicial al vicepresidente del organismo, el ex consejero valenciano de Justicia Manuel de Rosa, un acreditado hombre de partido en su acepción más sectaria. Pero será un riesgo que tendremos que correr todos los españoles, o mejor dicho, que tendrá que correr él y quienes le apoyen ante cualquier hipotético abuso de poder, trapicería o machangada. Que ya no vale todo. Pero si no dimite Dívar estaremos santificando (con perdón) el comportamiento corrupto de quien tiene que predicar (y más en su caso de hombre de misa diaria) con el ejemplo.