La tradición obliga a tirar de un vetusto latiguillo. Vetusto sí, pero mola, la verdad: “A la hora de cerrar esta edición” todavía no había dimitido el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra. Acaba de ser desautorizado públicamente por el Gobierno al que teóricamente representa en esa provincia, y lo ha hecho por la vía más dolorosa que cabría, a través del Gobierno de Canarias. La consejera de Empleo, Margarita Ramos, reveló este miércoles en CANARIAS AHORA RADIO que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas le ha mandado un informe en el que ratifica la legalidad de las iniciativas de empleo promovidas por el Gobierno de Canarias a través de los Ayuntamientos, de modo que puedan contratar personal eventual acogiéndose al plan de choque contra el paro. El subdelegado, en un arrebato pasional e incompetente de competencias, se lanzó a escribir a algunos ayuntamientos para advertirles que, en aplicación de la legalidad vigente, las Corporaciones locales tenían terminantemente prohibido contratar personal eventual. El pánico cundió entre los alcaldes, que por aquellos días ultimaban sus informes para acogerse a los planes de ajuste que promovía el Estado, planes de los que ninguno quería quedar fuera por riesgo cierto de quiebra de las arcas públicas.