La privatización parcial de la compañía Emalsa, o por ser más precisos, la venta del 66% de sus participaciones, fue una decisión de un alcalde socialista, Emilio Mayoral, animado sin recato de ningún tipo por un personaje imprescindible en la mayoría de las componendas políticas que tuvieron a Canarias como escenario en los últimos treinta años, José Carlos Mauricio. El Ayuntamiento vendió entonces (1993) la joya de la corona a la la francesa Saur (33%) y a la histórica compañía Unelco, integrada ahora en Endesa (otro 33%), tras un concurso al que se presentó una filial de Aguas de Barcelona, Aquagest, que aún hoy sigue litigando en los tribunales (su último recurso tuvo entrada en el Constitucional la semana pasada) contra aquel concurso que considera ilegal y amañado. Cuando Soria llegó a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria se dilucidaba en los tribunales aquella compraventa, y una sentencia del Supremo inclinó la balanza en favor de Aquagest al darle la razón en un error puramente administrativo que invalidaba la operación. El Ayuntamiento podía corregirlo y mantener la privatización, o darle la razón a Aguas de Barcelona en el fondo de la cuestión, es decir, reconociendo que su oferta era más ventajosa para los intereses de la ciudad que la de Saur-Unelco. Fue entonces cuando entró en acción la mano ejecutora de Soria, Francisco Fernández Roca, conocido por Curro.