A la compañía de gestión del ciclo integral del agua de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, sólo le falta que los próximos días el Tribunal Constitucional anule todo el proceso de privatización iniciado a finales de los noventa y rematado con la mano (como suele él meter los goles) por el alcalde José Manuel Soria (1995-2003). La que le está cayendo encima desde que sus socios se pelearon entre sí está haciendo aflorar unas deficiencias tan pestilentes que hacen recordar cómo fueron sus orígenes. La pelea es de complicada salida, y hasta una sentencia del Constitucional desbaratándolo todo sería en estos momentos lo más saludable para la ciudad. Si no fuera porque todos los tiburones en presencia pretenderán encima reclamar lucro cesante y daño emergente que al menos les resarza de las sobrecogedoras inversiones que tuvieron que pagar en su día. Los técnicos municipales del Ciclo Integral del Agua, que es como se llama el servicio, han puesto negro sobre blanco las deficiencias en la gestión de Emalsa, pero lo que es más importante, su incapacidad para controlar a la compañía, participada aún en un 34% por el Ayuntamiento, cuyo alcalde preside su consejo de administración. Las pérdidas en la red, su obsolescencia, el alto riesgo de desabastecimiento, las inversiones fallidas en potabilizadoras y la más que deficiente depuración de aguas residuales por las que los vecinos pagan una tasa mensual son algunos de los problemas relatados ahora por ese equipo de profesionales. Pero, ¿por qué ese servicio no controla como es menester a Emalsa? Muy sencillo, porque las autoridades municipales no han querido jamás que Emalsa pudiera ser controlada. De haberlo sido, probablemente el precio del metro cúbico sería mucho más barato al detectarse obras y contratas innecesarias; el agua sería de mejor calidad, se depuraría mejor y de manera más eficiente, y sólo pagarían los ciudadanos por el servicio que recibe en aplicación del principio administrativo de la tasa. Los funcionarios del Ciclo Integral del Agua quedaron desautorizados públicamente desde que en el verano de 2003 la entonces alcaldesa Pepa Luzardo tiró a la basura su informe sobre las ofertas presentadas al concurso para la construcción de nuevos módulos de potabilización en el complejo de Piedrasanta. Luzardo tenía la orden de dar aquel concurso de 8 millones de euros a Isolux, y como los técnicos habían colocado esa oferta en el puesto noveno, encargó un contra-informe al jefe del servicio de Recogida de Basuras que, en un ocho días, ocho, revisó todas las ofertas hasta concluir que Isolux era la mejor. Los módulos contratados gracias a ese concurso amañado no han dado más que problemas y un agua de pésima calidad.