Aquellos decretos, aquellos acuerdos de Gobierno en la época en que Paulino Soria eran felices y comían perdices vuelven a dar que pensar. Eran los tiempos en que el consejero de Economía y Hacienda decidió que lo mejor para sustituir al viejo Picac, la herramienta de gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma, era encargarlo fuera, gastarse una millonada y pasar a depender de desarrolladores ajenos, en lugar de los propios como hasta entonces. Así nació el Sefcan, que ya supera los 15 millones de euros de inversión y sigue arrastrando ciertas dificultades en su implementación y mantenimiento. Fueron los momentos cumbre de la estrecha relación personal y política entre José Manuel Soria, consejero de Economía y Hacienda, y José Miguel Ruano, titular de Presidencia, Justicia y Seguridad. Ambos son los autores de esa modernización de la administración autonómica, de la desaparición de los incómodos controles y la imposición de otros sobre las personas desafectas. Los tiempos en que había que empezar a dejar a escape libre en primer término las consejerías del PP, y fueron Agricultura, Sanidad y Turismo (oh, Turismo, los gastos injustificables de Rita Martín en extravagantes campañas, en medios de comunicación del grupo Intereconomía o en El Mundo) las primeras en quedar sin el control de la Intervención. Los concursos de cierta enjundia se retrasaron hasta llegar a aquellas fechas en que sólo se controlaba a toro pasado. Así, por ejemplo, el concurso de la hemodiálisis que empezó a tramitarse en 2008, no se saca a licitación hasta la primavera de 2010 y se termina por adjudicar tan solo días antes de la salida del PP. O el de las ambulancias, en concurrencia necesaria con Ruano y su equipo, que se convoca un año después de lo previsto, en 2008, y se adjudica después del decreto con todas las sospechas ahora en los juzgados y con la intervención mirando para Venezuela.