Pero el récord del caso de La Mareta no es solo de cuantía, también podemos asegurarles que es de fechas. Porque resulta conmovedor comprobar cómo se han movido los papeles en este expediente. Veamos. Tras una sentencia del TSJC, de 9 de septiembre de 2011, que obliga al Ayuntamiento a recuperar la parcela vendida en 2005 a Promociones Inmobiliarias Las Arenas, el pleno municipal aprueba el 23 de diciembre de 2011 celebrar un convenio entre la alcaldesa y el promotor para pactar cómo pagar aquellos 13,2 millones de euros: en tres años. Nadie se esperaba entonces que apareciera el decreto del Estado por el que se articula una vía extraordinaria de pago a proveedores a cambio de que los ayuntamientos se sometan a un duro plan de ajuste. Y con el convenio aún en vigor, el 2 de mayo de 2012, el promotor solicita acogerse a esa vía extraordinaria, a la que ya se le opone el interventor con un NO escrito a mano y redondeado que aparece en el escrito de solicitud. Ese mismo 2 de mayo, el interventor emite informe declarando que la solicitud “no cumple” con los requisitos del Real Decreto, pero el mismo interventor, Enrique Orts, un día después, el 3 de mayo, solicita por escrito un informe sobre la posibilidad de hacer una excepción dado que “el expediente podría soportar y conformar dicho certificado, teniendo en cuenta las características urbanísticas y de contratación que en el mismo concurren”. Es muy probable que esa solicitud de informe se la escribiera otro a Enrique Orts porque junto a su firma aparece escrito a mano “entregar al interventor”. Seguro que la letra es muy conocida en el Ayuntamiento.