Muchas veces se amparan en la proverbial lentitud de la justicia, sabedores como son de que cualquier trapisonda tardará más de un quinquenio en desenredarse. Tienen los tiempos calculados e incluso son capaces de retirarse en el instante exactamente anterior a que aparezca una demoledora sentencia que les afee tantos y tantos años de comportamientos indecentes al frente de la presunta defensa de los intereses públicos. La sentencia que anula uno de los sospechosos concursos de ambulancias en Canarias, publicada hoy por CANARIAS AHORA, es un caso paradigmático de negligencias (y de corrupción) de la Comunidad Autónoma de Canarias con multimillonarias adjudicaciones concedidas con un amplio ramillete de irregularidades que fueron conociendo al instante, dicho más modernamente, casi en tiempo real. Porque en el mismo momento de producirse fueron denunciadas por empresas del sector, tanto ante la autoridad política como ante la autoridad judicial, que solo en la jurisdicción contencioso-administrativa, con la pachorra asumida por todos, ha terminado por dar la razón a los reclamantes. Para que se sitúen, les estamos hablando del Gobierno de Canarias en el periodo 2007-2010, es decir, con Paulino Rivero de presidente, Soria de vicepresidente, y los consejeros José Miguel Ruano en Presidencia y Seguridad, y Mercedes Roldós en Sanidad. Una empresa pública dependiente del Ejecutivo, Gestión Sanitaria de Canarias (GSC) se encargaba de los concursos de su competencia, pero como empresa pública que era y es, escabulléndose de los controles de la Intervención de la Comunidad Autónoma. La empresa la presidía José Miguel Ruano, actual parlamentario de Coalición Canaria; su vicepresidenta era Mercedes Roldós, actual diputada por el Partido Popular, y su gerente era Luis Molina, actual subdelegado del Gobierno en la provincia de Las Palmas y hombre de la absoluta confianza de José Manuel Soria. ¿Les hacemos un croquis?