¿Escrache por una biblioteca? No, por un Carnaval

La noticia es de las que deberían darnos vergüenza: un grupo de personas se concentró el viernes por la noche en las inmediaciones de un edificio de Las Palmas de Gran Canaria para afear a sus residentes haber conseguido de los tribunales la paralización de las verbenas carnavaleras (popularmente conocidas como mogollones) en el entorno del parque de Santa Catalina. Eran mayormente representantes de los llamados “grupos del carnaval” y de asentadores que consiguen autorización en estas fechas tan señaladas para montar chiringuitos y hacer su legítimo negocio. Los primeros, los “grupos del carnaval” son un auténtico poder fáctico cuando se aproxima febrero: consideran que su participación en las fiestas es ineludible y cada año dan una nueva vuelta de tuerca –fundamentalmente económica- aprovechando que a los dirigentes políticos les entra el canguelo ante el valor electoral que tienen estas celebraciones. La petición de este año de los “grupos del Carnaval” ha sido cobrar derechos de autor por sus canciones, compuestas a partir de melodías ajenas (por las que nadie paga derechos) sobre las que se colocan letras compuestas por estas agrupaciones que hacen las delicias de una parte del público, ora por su fuerte carga de crítica política, ora por su zafiedad. No ha habido en la historia de la ciudad ni una sola Corporación democrática que haya sido capaz de plantarles cara, como ocurre –todo sea dicho- con otros colectivos cuando se acerca periodo electoral (bomberos, policía local, etcétera). Pero en el caso de los murgueros, comparseros o agrupaciones de todo tipo, la cosa se complica porque son más y además arguyen en su favor ser “el pueblo”, así, como suena. Pues bien, “el pueblo” hizo un escrache el viernes contra los vecinos del edificio de la calle Simón Bolívar número 5 porque el representante institucional de ambas partes, el Ayuntamiento, ha sido incapaz estos últimos doce años de resolver un conflicto que cada febrero amenaza con la suspensión de los mogollones o, sensu contrario, el descanso “del pueblo”, porque resulta que también los denunciantes son “el pueblo”, mira tú qué cosas.

La chulería que instituyó Soria

Y decíamos que es una vergüenza ese escrache porque en gran medida está provocado por el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona (PP), que ha señalado abiertamente a la presidenta de esa comunidad de vecinos de Simón Bolívar 5 como la responsable casi única del dolor de muelas en que se han convertido los mogollones para este ayuntamiento. Y a “un pueblo” indignado basta con agitarle el señuelo de un culpable de sus desgracias (si encuadramos las verbenas en ese capítulo) para que, acto seguido, actúe en su contra. Si lo que se ver perjudicado es un carnaval, claro, porque hasta ahora no hemos visto ni al señor alcalde ni a ningún grupo representante de “el pueblo” indignarse lo más mínimo y montarle un escrache a los vecinos de la Biblioteca Pública del Estado, al otro lado de la ciudad, una instalación condenada a la piqueta por la misma negligencia de esta Corporación y de las que le precedieron. Ninguna ha intentado, ni en el parque de Santa Catalina ni ante la Biblioteca del Estado, establecer un diálogo sereno y sincero con los vecinos afectados por las dos alcaldadas. Se ha actuado siempre, desde que se iniciaron ambos conflictos –los dos en la etapa de José Manuel Soria como alcalde, mira tú qué cosas- con la altanería por delante, en la confianza de que la Justicia daría la razón al Ayuntamiento o que, en caso contrario, pasaría tanto tiempo hasta que el fallo definitivo se produjera, que los autores del desaguisado ya estarían pastando en otra institución.

¿Qué hizo Santa Cruz?

La historia de este conflicto (el del Carnaval, que el de la biblioteca parece interesar menos) arranca como decíamos de 2002, siendo alcalde José Manuel Soria. Ninguna resolución judicial era cumplida por el Ayuntamiento hasta que en 2006, siendo alcaldesa Pepa Luzardo, la cosa se puso verdaderamente seria con amenazas desde la Justicia. Fue ese año cuando se personó en la causa la comunidad de Simón Bolívar 5, disconforme con la ejecución de aquella sentencia instada por otros vecinos. Pero lejos de sentarse con estos nuevos perjudicados, el Ayuntamiento ha dado siempre patadón para adelante y a esperar el aburrimiento del contrario. Aduce el consistorio que le avala la Ley de Actividades Clasificadas y la consideración que tiene el Carnaval de “fiesta de interés turístico de Canarias” (sic), pero saltándose algunos requerimientos de esa ley, como por ejemplo la obligación del Ayuntamiento de establecer “las medidas correctoras (…) en particular las relativas a la seguridad ciudadana y a la compatibilidad del ocio y el esparcimiento con el descanso y la utilización común general del dominio público”. Hay precedentes en Canarias de conflictos así, el más significativo sin duda fue el del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En 2007 la celebración estuvo a punto de suspenderse por las denuncias vecinales, capitaneadas por el abogado Felipe Campos (que a partir de entonces adquirió gran notoriedad pública) y el dirigente sindical Justo Fernández (ya fallecido). Zerolo actuaba con la misma chulería que Soria y Cardona: “si no prohíben los sanfermines, no van a prohibir el Carnaval”, sostenía con su natural desparpajo. Fue un carnaval funesto, víspera electoral, con un tremendo fracaso por la Gala de Rafael Amargo, y los denunciantes se vieron también muy acosados por “el pueblo”, capitaneado por un negligente alcalde. El compromiso de arreglar el problema a cambio de que aquel Carnaval se celebrara fue incumplido por Zerolo, y tuvo que llegar tras las elecciones un concejal de refresco para conseguirlo. Fue Ángel Llanos (PP) el que se sentó con los vecinos para corregir lo que consideraban abusivo: se limitó la cantidad de decibelios a emitir; se puso a un equipo de técnicos a medir el ruido cada noche; se prohibieron las carrozas sonoras; se prohibieron los altavoces en la fachada de los locales y de los chiringuitos, y se aplicaron con contundencia las normas hasta el punto de precintar sus equipos de sonidos a la histórica cafetería El Águila. Paralelamente, se limitaron las verbenas a las cinco de la madrugada, y se adelantaron todos los actos nocturnos para que el público se retirara antes. Fue el año (2008) en que se creó el Carnaval de Día y los conciertos de las grandes figuras internacionales se programaban a las nueve de la noche. Hasta ahora parece haberse respetado ese acuerdo, lo que ha evitado que haya habido una sola denuncia más. En la isla de enfrente, Cardona trata de encrespar a los carnavaleros contra los denunciantes. Mala táctica.

“Renovación” de la de antes en CC

“Ahora empieza una nueva etapa, un nuevo ciclo en Coalición Canaria basado en la renovación”. No son palabras de un fichaje rutilante en las filas nacionalistas, ni la clausura de un congreso con signos de evidente cambio, sino las pronunciadas por María del Mar Julios el sábado al ser proclamada por sus compañeros cabeza de lista de CC al Parlamento por la isla de Gran Canaria en las elecciones de mayo próximo. A su lado, otro triunfador de la velada, Fernando Bañolas, celebraba haber sido designado número uno al Cabildo de Gran Canaria en el que será su segundo intento, no se sabe si definitivo. Ambos fueron elegidos en un cónclave de CC de Gran Canaria que no fue lo que se puede llamar multitudinario (asistieron 75 de los 115 miembros del consejo político insular) y para colmo no concitaron la unanimidad previsible: en el caso de Julios, 14 personas se abstuvieron y una votó nulo, y en el caso de Bañolas, 13 compañeros prefirieron la abstención que prestarle su apoyo. No podemos computar a los ausentes como opositores a estos dos candidatos, pero sin duda tampoco podemos sumarlos como seguidores acérrimos porque, en tal caso, al menos se habrían constituido en la sede del partido. De lo que sí podemos estar seguros es de la banalidad de los palabros con los que empezábamos este suelto: “Un nuevo ciclo basado en la renovación”. Veamos, Fernando Bañolas lleva ocupando cargos públicos remunerados desde 19 años, y Mari Mar Julios, desde hace 20, lo que no invita precisamente a considerarlos nuevos líderes renovadores. Él quiere que su partido lo coloque en la presidencia de la Autoridad Portuaria a partir del verano, y ella, continuar en el Senado todo el tiempo que pueda.