Que a Paulino Rivero le ha salido un incomodo furúnculo con el concurso de asignación de frecuencias de radio no constituye en absoluto un secreto. Lo supo desde el primer día, cuando en un Consejo de Gobierno del año 2010 José Manuel Soria montó en cólera al enterarse de que Martín Marrero había publicado en el Boletín Oficial de Canarias las bases sin que él les diera el visto bueno. El cabreo se le multiplicó al presidente del PP cuando se enteró de que el viceconsejero de Comunicación había conseguido una especial celeridad gracias a la amabilidad de la que por entonces era viceconsejera de Administraciones Públicas, responsable del BOC, Auxiliadora Pérez. Para Soria era fundamental controlar el concurso desde sus orígenes, y aunque en el reparto de competencias las radios eran potestad de la parte nacionalista del pacto, había un acuerdo de compartir información. Ademas, Martín Marrero había sido nombrado a instancias del propio Soria y todos dábamos por hecho que en el lote iba incluido pactar el reparto de frecuencias.