Un archivo por prescripción. Con ese socorrido recurso, dejado caer de modo pernicioso para mayor ofensa del ofendido, se despachó este lunes el Tribunal Supremo la tercera pieza de la cacería contra Baltasar Garzón, la referida al supuesto cohecho impropio en el que quisieron creer que había incurrido por impartir unos cursos en la Universidad de Nueva York pagados, entre otras empresas, por el Banco Santander. Era la bala que los autores de esta balacera se guardaban en el cargador por si alguno de los dos disparos anteriores (las escuchas de Gürtel y la investigación de los crímenes del franquismo) no hacían blanco por cualquier causa. Incluso por cualquier causa de tipo legal, que todo es posible en esta España de la justicia de dos velocidades. La Sala Segunda del Supremo ha jugado una compleja pero paciente y previsible partida de ajedrez, en feliz definición del periodista de La Verdad de Murcia Mateo Balín, que bajo el título de “Garzón, jaque mate”, publicó este domingo cómo pudo haber sido la prefabricación del asesinato profesional y cívico del juez más famoso de la historia de la democracia española. O cómo fue, porque algunos aspectos de esta crónica tienen fácil verificación, es más, de hecho están más que verificados. Y la pieza archivada este lunes por prescripción es una guinda que sus señorías han querido colocar antes de la sentencia sobre la memoria histórica, a punto de salir del horno ya con Garzón separado para siempre de la carrera judicial. Salvo que el Tribunal de Derechos Humanos (no hay que tener mucha fe en este Tribunal Constitucional) afee a España por una sentencia que nos ha vuelto a convertir en el hazmerreír del mundo por detrás del registro que nos supuso aquella invasión de la isla de Perejil.