La conclusión de todo este monumental lío se resume así: una consejera del Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo, del PP, que simultanea su cargo en la oposición con el de secretaria segunda de la Mesa del Parlamento (4.000 euracos al mes) se ofende porque otro político, Lázaro Cabrera, de Coalición Canaria, le dice que es una “chula prepotente” tras haber hecho mención a pintadas contra la Legión por las que él se sintió aludido familiarmente, es decir, ofendido. Lejos de zanjar tan enojoso encontronazo de manera civilizada o yéndose cada uno a su casa y mañana será otro día, la presuntamente ofendida se va a la Policía, ocupa a funcionarios del Cuerpo, luego a un juzgado y luego a un juez para dilucidar si esos palabros fueron o no constitutivos de los delitos de amenazas, injurias y vejaciones, o si por el contrario cabe reducirlos a la consideración de grosería, falta de educación o inapropiados, como finalmente hizo el juez. Porque ni están los políticos para pendejadas así, ni los jueces tienen tiempo para dedicarlo a un juicio de este calibre que mereció de su señoría nada menos que catorce páginas de oficio, algo inusual en asuntos tan baladíes, pero seguramente necesario para ejemplarizar un poco. Nosotros, particularmente, nos quedamos con ese momentazo de Águeda Montelongo en escorzo que describe su señoría en el sublime momento en el que se dirigió (o no) a Lázaro Cabrera para restregarle por los morros que su hermano Prudencio hace pintadas contra la Legión y su cabra. Qué cosas.