El grotesco final del caso Faycán

Hacía tiempo que el caso Faycán olía a podrido. Trece años de tramitación judicial no ayudan nada ni al buen nombre de la Justicia ni a que se cumpla con los preceptos constitucionales de un proceso justo. Las defensas de la treintena de acusados que se sentaron en el banquillo lo saben perfectamente y en gran medida a todas ellas se deben parte de las dilaciones: en uso de su legítimo derecho, han tupido a recursos a todas las instancias judiciales que han intervenido en el proceso, lo que junto a la lamentable lentitud de algunos órganos, ha conducido a este esperpéntico retraso.

El caso Faycán ha sido una sucesión indecente de despropósitos que empezaron por la brigada policial que fue comisionada para investigar al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Telde, la de Información. Pocos recuerdan ya a estas alturas que el jefe superior de Policía era Narciso Ortega y que su experiencia con la Brigada de la Policía Judicial había sido un tanto frustrante en el caso Eolo, donde no se pasó de un insignificante director general de Industria para no tener que tocar al titular de la consejería, a la sazón Luis Soria López, hermano de quien ustedes saben.

La Brigada de Información hizo un gran trabajo pese a algunas precipitaciones que estuvieron a punto de estropear la operación. Documentó perfectamente las acusaciones y trabajó coordinadamente con el juez García-Sotoca (entonces en Instrucción 3 de Telde) hasta el punto de vencer todos los recursos propios de las garantías procesales y lograr que esos casi treinta acusados se sentaran en el banquillo para responder por delitos muy graves que, en algunos casos, suponían penas de más de diez años de cárcel.

La Policía se tropezó con muchísimas dificultades para poder desempeñar su trabajo. Las presiones políticas fueron muy fuertes. Gobernaban Canarias en aquel entonces Coalición Canaria y el Partido Popular, y al frente de este último partido, el salpicado por Faycán, estaba José Manuel Soria. Sus apreciaciones sobre la investigación policial fueron insultantes. De las arcas de la Consejería de Turismo, a cargo de una mandada del PP, salieron 189.000 euros para que la desaparecida revista Época publicara un reportaje en el que se equiparaba una rama de Faycán, el caso Grupo Europa, con la trama de los GAL. Lo que sirvió a Soria, en una de sus acostumbradas payasadas, a preguntarse en los pasillos del Parlamento de Canarias si “la equis del caso Faycán es Zapatero”.

La persecución de Soria a los inspectores y jefes policiales que intervinieron en esa investigación trascendió al mandato de los socialistas, y ya con Rajoy en La Moncloa, cursó instrucciones para que los investigadores más destacados sufrieran en sus carnes las represalias. Al jefe del equipo lo citó en su despacho el primer jefe superior de Policía de la era Rajoy para indicarle que, siguiendo órdenes de la superioridad, se tenía que poner uniforme e irse a patrullar las calles. Al jefe de la Brigada de la Policía Judicial, el que se abstuvo de investigar a Luis Soria, lo mandó el Gobierno a la embajada de España en Cuba, a cobrar un sueldo millonario. Tan descarado como desolador.

La Policía descubrió -es bueno recordarlo- una trama de saqueo en el Ayuntamiento de Telde consistente en facilitar el pago de las facturas a los proveedores que se retrataban con hasta el 20% de sus facturas; una trama que proporcionaba materiales y servicios al PP local mediante facturas falsas que se pagaban con fondos municipales, mayormente de los destinados a generar empleo en la ciudad con más parados de Canarias.

Conviene recordar todo esto a la hora de valorar las conclusiones de los abogados de las defensas, que pretenden hacernos creer a todos que sus clientes son unas almas cándidas que fueron víctimas de abusos policiales y judiciales, y de linchamientos mediáticos inducidos por un régimen político que quería perjudicar al PP. Manda huevos.

La nociva presencia del juez Alba

Se aprovechan los letrados de una situación de la que desde luego no son responsables: que la autoridad judicial competente haya otorgado al magistrado Salvador Alba la presidencia del tribunal. Amenazado como está de un apartamiento inminente de la carrera judicial por los cuatro delitos que la magistrada Margarita Varona ha incluido en su auto de procesamiento por su papel de paje correveidile de José Manuel Soria en su persecución a la diputada de Podemos Victoria Rosell, Alba ha contaminado el juicio del caso Faycán de manera notable.

A su presencia se debe que el fiscal anticorrupción, Luis del Río, haya pactado deprisa y corriendo con la mayoría de los acusados una reducción tan drástica de las penas que produce vergüenza. Peticiones de condenas a trece años se ven reducidas a seis meses a cambio de unos testimonios que no han contribuido en absoluto a complicar la situación penal de quienes no han pactado, lo que huele a absolución que tira para atrás.

Alba deberá darse prisa para poner la sentencia porque, en el caso de que antes de hacerlo le llegue el auto de apertura de juicio oral por la causa que tiene pendiente, el juicio por Faycán quedará anulado desde el principio. Claro que eso a Alba le debe importar bien poco a estas alturas, entretenido como está en apañar dinero de sustituciones y comisiones de servicio que le conceden graciosamente sus superiores jerárquicos para que pueda pagar a sus costosos abogados: Nicolás González-Cuéllar (el de Soria) y Eduardo López Mendoza (el suyo de él para los trabajos clasificados, molestos e insalubres). Cuanto más logre retrasar esa sentencia, mejor para él. Ya saben.

Y si la de Alba es una presencia excesiva, la ausencia de la concejala Toñi Torres ha sido muy sentida. La principal encartada en la causa murió en 2010 víctima de la depresión que le provocó su detención y su procesamiento, a lo que se sumó lo que ella consideró una desconsideración por parte del Partido Popular, su partido. A los anales de la vida política de Canarias pasará su expresión “estás bonito tú” que le largó a José Manuel Soria en plenas ramblas de Mesa y López al sentirse abandonada por los suyos, con lo que ella los financió. La libreta en la que, a modo de la contabilidad B de Bárcenas, apuntó todos los pagos que hizo a sus compañeros de Corporación, fue una de las pruebas filtradas por un policía malo a los malos de Telde para que pudieran defenderse mejor, lo que por cierto, se saldó con absoluciones urbi et orbi. Más de lo mismo. De eso, claro, no hablaron este lunes los abogados de las defensas. ¿Para qué?

Otrosí. Que el Partido Popular haya tenido los santos bemoles de destacar como defensor en el juicio de Faycán a Jorge Rodríguez no es más que la confirmación de la impunidad en la que se siguen moviendo los corruptos. Jorge Rodríguez -también es conveniente recordar esto- estuvo acusado en una de las tramas del caso Faycán, la del Grupo Europa, pero tuvo la suerte de nadar junto a la ola en la que se subió el presidente del tribunal que lo juzgó, José Ramón Navarro Miranda, quien en los últimos días del juicio recibió la agradable noticia de que el Consejo General del Poder Judicial, nombrado por el PP, lo designaba presidente de la Audiencia Nacional. La absolución de Rodríguez, que la Fiscalía no recurrió, venía a decir que cometió tráfico de influencias, pero que fue un trafiquito de nada.

Atentos a la sentencia de Alba, que seguramente no será cualquier cosa. Y a lo que haga a continuación la Fiscalía, que tampoco será despreciable.