De guarderías y búnkeres

Los periodistas canarios destacados al Congreso de los Diputados no consiguieron en el arranque de esta décimo primera legislatura la foto “de familia” de los quince diputados elegidos por las dos circunscripciones del Archipiélago. José Manuel Soria y Ana Oramas salieron escopeteados, la tinerfeña porque quizás tenía otros compromisos ineludibles, y el ministro de Industria en funciones seguramente porque la consideración de “familia” no le debe cuadrar mucho para una fotografía en la que habrían de aparecer necesariamente el diputado tinerfeño Alberto Rodríguez, cuya indumentaria y peinado llamaron mucho la atención en la Carrera de San Jerónimo, y la juez en excedencia Victoria Rosell, con la que tuvo una campaña de alta tensión. Pero los periodistas canarios sí tuvieron la oportunidad de hablar con todos los representantes isleños y de presenciar en la puerta de los leones la foto de familia que se hicieron todos los diputados y diputadas de Ciudadanos y el auténtico caos que se formó en la calle al salir los parlamentarios de Podemos, a los que un grupo de manifestantes esperaba al grito de “que sí nos representan” o “sí se puede”. Fue Podemos, evidentemente, quien copó la atención de esta sesión que puede considerarse histórica por muchos motivos. Y ese protagonismo no sólo tuvo condicionantes políticos por su nuevo distanciamiento del PSOE tras el acuerdo para la formación de la mesa del Parlamento con Ciudadanos y el PP. En realidad, el partido de Pablo Iglesias fue el centro por asuntos colaterales, como la presencia en brazos de su madre del hijo menor de Carolina Bescansa (Diego, seis meses de edad); la fórmula de acatamiento adoptada por todos los diputados de Podemos y de los otros tres partidos que confluyeron en él este 20D, y el cacheo policial al que fueron sometidos en la tribuna de oradores los portavoces del partido en el Ayuntamiento y en la Asamblea de Madrid.

Chandaleros del PP

La fórmula elegida por Podemos obligaba a acatar, en su primera frase, la Constitución jurándola o prometiéndola. Es decir, pronunciando las palabras “Sí, prometo o Sí, juro”. A continuación se dejaba a criterio de cada parlamentario el añadido de lo que se quisiera. El primer acatamiento, el de la vicepresidenta cuarta, Gloria Elizo, ya generó el abucheo de la bancada del Partido Popular, que no soporta que nadie se salga del ceremonial, por mucho que esté demostrado que no es ilegal ni anticonstitucional ni antidemocrático. Muy al contrario, reaccionar como chandaleros solo fortalece la posición de quien se sale de los moldes, sobre todo teniendo en cuenta que los silbidos y tarascadas provinieron, una vez más, de un grupo parlamentario que no se ha distinguido precisamente estos últimos cuatro años por defender la esencia de la Constitución. El mismo grupo, por cierto, que todavía da cobijo a unos cuantos corruptos y a algunos receptores de sobres en B, sin olvidar (no olvidamos) a otros que no presentan sus facturas caribeñas. Esa reacción cavernícola del PP, a lo que íbamos, desembocó en que la casi totalidad de los parlamentarios de Podemos acatara la constitución con un tono muy cabreado, incluso elevando muchísimo la voz para poder tapar las malcriadeces de la bancada popular. Algunos de los nuevos parlamentarios manifestaban claramente su nerviosismo ante los abucheos del PP, como fue el caso del tinerfeño Alberto Rodríguez, que abandonó la fórmula del “Sí, prometo”, para comenzar su alegato diciendo “Aunque a algunos no les guste…” Y se olvidó de acatar la Constitución. Desde los escaños del PP se instaba a la secretaria primera de la Cámara, Alicia Sánchez Camacho, a interrumpir a los diputados de Podemos pronunciando el siguiente nombre de la lista, lo que el flamante presidente, Patxi López, no supo cortar a tiempo. Empezó bien su periplo la ex lideresa catalana de los populares, a la que se premia con ese puesto que cediera la plaza autonómica a Xabiar García Albiol con los resultados de todos conocidos. Si la legislatura no se interrumpe por elecciones anticipadas, vamos a disfrutar de grandes plenos en este nuevo Congreso de los Diputados.

Búnkeres por todas partes

La otra anécdota de la jornada, como decíamos más arriba, la protagonizó el hijo de Carolina Bescansa. No es la única vez que la dirigente de Podemos acude a actos oficiales llevando en brazos a su hijo de seis meses. La última ocasión en la que se le pudo ver de esa guisa fue el 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados. A Bescansa no parece darle la gana de renunciar a dar el pecho a su hijo y por eso hace lo que hace. No es ella la primera ni será la última parlamentaria del mundo que lo haga, y ejemplos hay de sobra para avergonzar a los que este miércoles salieron en tromba a acusarla de utilizar al niño con fines políticos (Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior) y otras insinuaciones bastante impropias por proceder de mujeres como Carme Chacón o Guadalupe Martín, ambas del PSOE. A esta última se le oyó también refunfuñar tras el juramento del guardia civil de Podemos, Juan Antonio Delgado, que se comprometió a trabajar por dignificar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. “Ni que fuera el único guardia civil que hay”, soltó tan ricamente. Es curioso e irónico que el antecedente más cercano de diputadas que hayan llevado a sus hijos al Congreso en un acto de solemne apertura de las Cortes Generales lo encontremos en 2011, cuando lo hizo la presidenta del PP catalán, la misma Alicia Sánchez Camacho que atropellaba a los diputados de Podemos para que no juraran como les daba la gana. No encontró a nadie que le cuidara al niño y no consiguió que lo atendieran en la guardería que tiene la Cámara para los hijos de los trabajadores y diputados. Con lista de espera, por cierto. Es una lástima que la diputada Carme Chacón o su colega Guadalupe Martín desconozcan la solución que en Canarias ha aplicado la vicepresidenta del Gobierno, la también socialista Patricia Hernández, que para resolver su problema de conciliación y poder dar el pecho a su hijo, se mudó con su familia al apartamento que Presidencia del Gobierno tiene en Santa Cruz de Tenerife, es decir, un privilegio con recursos públicos (sin gastos de agua, luz, teléfono, comunidad, limpieza, mantenimiento) al que ningún otro mortal tiene acceso, y haciéndolo en nombre de su derecho a una maternidad que concilie con el cargo público al que accedió libremente. Es decir, que su derecho a conciliar se lo estamos pagando todos los contribuyentes canarios. A ese apartamento presidencial, casualmente, se le conoce con el nombre de “el búnker”, el mismo término que Pablo Iglesias ha empleado estos últimos días para referirse a los acuerdos alcanzados en el Congreso entre el PP, Podemos y el PSOE.

Reverón, el alcalde modelo de CC

Apenas han pasado cuatro años desde aquella encendida defensa que hicieron de José Alberto González Reverón (Berto o Reverón, en confianza) la diputada Ana Oramas y el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, reciente candidato de Coalición Canaria al Senado. Oramas dijo de él que era “un pedazo de alcalde” y que no debía tener miedo de las causas penales porque ella tuvo un montón –dieciséis, dijo- y ahí la ven vivita y coleando. Berto, efectivamente, debió ser un gran alcalde porque acto seguido sacó mayoría absoluta; pero algo falló en las predicciones de la lideresa nacionalista porque poco después recibió su primera condena, la que acabó descabalgándolo de la alcaldía, aunque tuvieran que sacarlo con sacacorchos. Ahora se sienta nuevamente en el banquillo y la cosa no pinta nada bien a la vista de lo que él mismo está confesando. Ni siquiera le servirá de mucha ayuda la actuación de la fiscal que ha heredado la causa Arona 1 sin haber participado apenas en la instrucción, actuación que está llamando la atención del respetable (y de los cronistas) por el escaso conocimiento que parece evidenciar. Berto, a lo que íbamos, lo tiene tan jodido como lo tuvo en su momento otro tótem del nacionalismo tinerfeño, Migue Zerolo, al que también defendió la dirigencia de ATI por tierra, mar y aire de las acusaciones políticas y periodísticas por los escándalos que ha protagonizado. Ya está fuera de la política por una primera sentencia penal de carácter menor, pero en breve tendrá que responder por el bollo del cogollo del meollo de Las Teresitas y la cosa tampoco pinta muy bien para él. En este contexto tan edificante, Coalición Canaria pretende que el PSOE meta en el gobierno municipal de Arona a los herederos de González Reverón después de que ese municipio quedara fuera del corsé del pacto en cascada en mayo pasado.