El Supremo admite a trámite el recurso de la Región de Murcia contra la regularización de migrantes

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia contra el Real Decreto del Gobierno de España que regula el procedimiento extraordinario de regularización de migrantes.

La Región de Murcia ha esgrimido argumentos similares a los de la Comunidad de Madrid cuando esta presentó su propio recurso el pasado mes de abril, alegando que el Real Decreto “afecta directamente a competencias autonómicas, sin que exista ni financiación suficiente ni mecanismos reales de coordinación con las comunidades autónomas”. A diferencia del Ejecutivo madrileño, Murcia no ha solicitado la suspensión cautelar del proceso extraordinario de la regularización de migrantes, que el Supremo ya rechazó.

“No se pueden tomar desde el Gobierno central decisiones sin diálogo con las comunidades autónomas, que son las que recibiremos el impacto directo de esa regularización que ya hemos visto, ha generado una gran desorganización y caos”, ha alegado el Gobierno Regional.

El recurso, aceptado este lunes, llega cerca de la fecha en la que acabará el proceso de regularización, cuyo plazo acaba el próximo 30 de junio. Desde que dio comienzo la regularización extraordinaria, el Gobierno central ha recibido 908.288 solicitudes, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Inclusión. Las proyecciones iniciales del Ejecutivo estimaban unas 750.000 peticiones registradas, de las que calculaban que lograrían una respuesta favorable unas 500.000 personas. Por el momento, la Administración ha admitido a trámite un total de 359.255.

La plataforma Regularización Ya ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para la aprobación de una prórroga de este procedimiento extraordinario. Entre los motivos de la prórroga han denunciado demoras en la admisión a trámite de los expedientes, la falta de resoluciones favorables o la “inoperancia” de algunos consulados a la hora de legalizar certificados de antecedentes penales.