Salvar el Oasis

El culebrón urdido por el presunto empresario Cristóbal Rodríguez Marichal, erigido en dudoso representante de la mayoría de los asentadores del centro comercial Maspalomas, continúa su curso sin que, por el momento, haya noticias de la Fiscalía. En ese órgano se tramita su denuncia contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, por presuntos hechos delictivos relacionados con la mezcla nada saludable entre actividades privadas y gestión de lo público que tienen que ver con el despacho de abogados que el político dirigía hasta que fue elegido para el cargo. Bravo habrá de responder ante el fiscal y ante la ciudadanía, es su obligación, y responsabilizarse de lo que deba responsabilizarse aunque haya actuado en defensa de su hija Elena, que quedó al frente del bufete cuando se trasladó al despacho presidencial, o en defensa de un cliente al que, visto lo visto, no terminó por beneficiar en ningún momento. Pero responsabilidades penales y políticas aparte, perder de vista el fondo de la cuestión es exactamente hacer el juego a los instigadores intelectuales de esa denuncia, perfectamente medida en el tiempo, perfectamente armada de pruebas prefabricadas, y ese fondo de la cuestión no es otro que lo que la cadena RIU quería hacer delante de las narices de todos los canarios en el Oasis de Maspalomas: un mega hotel de 25 metros de altura en forma de biombo que sepultaría para siempre el palmeral que precisamente da nombre al entorno.

Quién gana; quién pierde

Como hacen en las películas los detectives cuando analizan el escenario del crimen, ignorando de antemano quien es el autor del delito, conviene pararse un momento a pensar quién o quiénes salen ganando en esta historia. Puede ser un ejercicio muy esclarecedor para conocer las cartas que ha jugado cada jugador. Para nuestro caso, basta con analizar las prescripciones del BIC aprobado la semana pasada por la Junta de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria. ¿Quién obtiene sus propósitos? ¿Quién pierde y quién gana? Veamos. El BIC se tramita en el Cabildo a petición del grupo Lopesan, que insta en 2013 a esa Corporación a proteger el edificio del viejo hotel Maspalomas Oasis, el que RIU pretende demoler para construir una inmensa mole en toda aquella parcela. Lopesan no pide que se proteja todo el espacio que ha resultado protegido, y cuando ve que se trata de eso (protección por sitio histórico a toda el área), recurre (y tiene recurrido) el expediente ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa. En resumen, el promotor del BIC no está satisfecho con el perímetro ni con las prescripciones del Cabildo porque, entre otras cosas, afecta a su hotel Ifa Faro, que habrá de reducirlo en alturas (hasta el máximo de las copas de las palmeras) a poco decida hacerle una reforma. Lo mismo le ocurre al Palm Beach, del influyente empresario Teo Gerlach, que jamás pidió nada y que ahora ve a su hotel afectado por las nuevas delimitaciones y los parámetros conservacionistas del espacio. El BIC también destroza las expectativas de los propietarios del parking Maspalomas, que gestionaban ante las administraciones un cambio de uso de su cubierta para hacer allí un centro comercial. Pero, sobre todo, el BIC ahora en manos del Gobierno, afecta a los intereses de la cadena RIU, a la que se impide la construcción de su mamotreto con algunas compensaciones: puede mantener en pie su emblemático hotel Maspalomas Oasis, pero reformándolo y arreglando las causas de ruina que la propia cadena alegó (con dos informes muy contundentes) al inicio de la polémica. Para compensar la prohibición de demolerlo para sustituirlo por una mole, el BIC le abre una salida al mar que ahora no tiene, de modo que la cadena mallorquina pueda transformar ese establecimiento en un hotel boutique muy al estilo del cercano La Residencia, que ni siquiera tiene vistas sobre la playa.

Ganan los comerciantes

Con el BIC tal y como ha salido del Cabildo, los que a priori salen mejor parados de todos los agentes en presencia son los propietarios de los locales del centro comercial Maspalomas, un recinto que se retranquea hasta el límite del RIU Oasis para habilitar un paseo marítimo que le hará ganar en calidad y en clientela. Sería un centro dividido en dos tramos para dejar abierto un hueco de salida al mar para los clientes del hotel de los mallorquines. Ganaría en altura y en prestancia, y cambiaría –de prosperar- la faz de una zona que ahora se presenta bastante deteriorada. Cabría pensar entonces que gana el cliente de Bravo de Laguna, el presunto empresario Cristóbal Rodríguez Marichal, que precisamente contrató los servicios del hoy presidente del Cabildo en 2010, cuando nada hacía sospechar que cuatro años después la situación urbanística sería la que se cierne ahora sobre esa pieza de suelo. Pero hay que descartar de inmediato el trato de favor por las mismas razones por las que Marichal ha denunciado a Bravo ante la Fiscalía. Primero, porque el mismo denunciante resuelve con mucho ruido el contrato que le unía al despacho de los Bravo justo cuando se entera de que se empieza a tramitar el BIC. Segundo porque, como parece acreditado para el presidente del Cabildo, Marichal sólo se representa a sí mismo y a duras penas, luego no representa a los comerciantes ahora afectados por el BIC. Tercero, porque la presunta empresa que Marichal dice haber proyectado junto a los Bravo y a Ifa no llegó a constituirse nunca, como recoge su propia denuncia, quizás porque su objeto jamás tuvo sentido ante el nuevo escenario que se abría. Y cuarto, el motivo más simple: nadie denuncia a quien teóricamente te tiene que beneficiar.

Se salva el palmeral

Pero sobre todo, y sobre todos los posibles beneficiados, parece evidente que el principal beneficio de este BIC es la salvaguarda del palmeral del Oasis, en evidente peligro por el proyecto de hotel de la cadena RIU. A esa conclusión es muy fácil llegar con sólo analizar el expediente enviado al Gobierno, apartando el ruido que hace la fea querella a la que se enfrenta el presidente Bravo de Laguna. Visto lo visto y contando con los apoyos propios con que cuenta, jamás debió Bravo avocarse las competencias de esa tramitación del BIC. Es más, con informes tan prestigiosos como los de las dos Universidades, la Casa de Colón y El Museo Canario, lo que tenía que haber hecho era incorporar a la oposición en el Cabildo para que el trámite fuera lo más consensuado posible. Al fin y al cabo, lo que se perseguía, y el BIC asume, era la preservación de un espacio emblemático de la isla a la que nadie con dos dedos de frente debería oponerse dentro de la legalidad. Al no apartarse, se debilita incluso la tesis del presidente de que habría prevaricado si desoyera los informes técnicos que avalan este BIC. Si así es ahora, así era cuando perdió la oportunidad de someterlo al respaldo de quienes desde la oposición quisieran acompañarle en el intento. Frente a esas pretensiones continúan las de RIU y un sector de la patronal turística, empeñados todos en hacer prevalecer sobre un evidente interés general el derecho a la propiedad de la cadena mallorquina, negada en redondo a negociar cualquier instrumento de compensación que le permitiera garantizar sus inversiones sin dañar tan apoteósicamente una pieza tan sensible. Con este balance, es necesario insistir en la vía de la negociación, y debe ser el Gobierno el que la lidere para poner de acuerdo todos los intereses empresariales en presencia anteponiendo sobre ellos el que le es exigible, el de los ciudadanos. No sólo por ambientalismo, también por puro sentimiento de identidad; que los mallorquines, como vinieron, se van. De hecho, ya se estaban yendo antes de que esto estallara.

Retiradas cantadas en La Gomera

La Gomera amaneció el pasado domingo con una noticia de esas que no dejan indiferente a nadie: el alcalde de Agulo, el socialista Néstor López, anunció su adiós de la política tras casi 24 años como cabeza visible de este municipio. Una despedida que se hará efectiva cuando finalice la legislatura. Parece que ha cubierto su ciclo tras afrontar siempre sus mandatos con mayoría absoluta y lo hace –al parecer- con serenidad y con la satisfacción del trabajo bien hecho. Quizá haya tenido que ver la Reforma Local que el Gobierno pretende y que, en un municipio de apenas 1.000 habitantes, dejaría bastante tocado a su Ayuntamiento en cuanto a competencias se refiere; pero también en lo político, ya que solamente podría liberarse un cargo, con una bajada de sueldo considerable. Se avecinan tiempos duros, que dirían. Pero quizá podría no ser el único alcalde gomero en bajarse del caballo. Dicen que el también socialista Jaime Noda, alcalde de Vallehermoso, anda pensando en dejar su cargo cuando finalice la legislatura. Al parecer ya lo ha comunicado a su círculo, y el rumor crece a pasos agigantados en su municipio, tras haberlo comentado en algunos foros con sus vecinos presentes. La cosa en La Gomera no pinta bien, o sí, según se mire. Se habla de regeneración política, sangre nueva que dé aires renovados a la política insular, donde los cargos se repiten legislatura tras legislatura. Como todo, el tiempo lo dirá.