Todo lo venía tramando Corrales desde hace unas semanas, cuando logró convencer a todos los partidos de la oposición y de la semi-oposición (la que cobra) de que tenía pruebas documentales que teóricamente implicaban a Julio Pérez en el caso de Las Teresitas a través de su despacho de abogados. Tales pruebas consistirían, según les comentó, en la apertura de cuentas en Isla de Man a nombre de sociedades participadas por Rodolfo Núñez y Luis Suárez Trenor, dos de los más eficaces recaudadores políticos de una pretérita etapa de ATI. Tales documentos, siempre de acuerdo con la versión que ha aventado Corrales, figurarían en el denso sumario de Las Teresitas, concretamente en una pieza separada llamada operación Malvasía. Pero, ¿en qué consistían esos documentos? Pues en unas notas de un abogado, Antonio González Casanova, integrado en el bufete de Julio Pérez, que en el año 1997 hizo algunas gestiones para adaptar a los cambios legislativos del momento unas cuentas que Núñez y Suárez Trenor tenían en ese paraíso fiscal. Jaleado por los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa, Corrales llevó el asunto la semana pasada a la comisión municipal de control del Ayuntamiento de Santa Cruz para preguntar a Julio Pérez si conocía o no aquellos papeles. El primer teniente de alcalde le contestó que era la primera vez que los veía, respuesta que al concejal en busca de autor no convenció en absoluto, lo que le llevó a producir una especie de impeachment a la chicharrera, es decir, una moción por la que se reclama la dimisión, destitución, cese o deportación de Julio Pérez. ¡Por mentir!