La delegada del Gobierno en Canarias, como es su obligación, no ha tardado mucho en salir en defensa del Cuerpo Nacional de Policía, algunos de cuyos agentes han sido desafortunados protagonistas estos últimos meses de tensiones (unas más justificadas que otras) en algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. El impacto en la opinión pública de una defensa promovida por la delegada del Gobierno es posiblemente igual a cero, primero porque no goza precisamente de credibilidad después del jardín en el que se metió cuando trató de explicar en plan Cantinflas el accidente de una patrullera de la Guardia Civil y una patera, con el resultado de un muerto y seis desaparecidos. Sí impactan esas palabras de Hernández Bento en el cuerpo policial afectado, cuyos miembros más polémicos pueden considerarse políticamente respaldados y disciplinariamente exentos de cualquier expediente que pudiera desembocar al menos en una llamada de atención. El empleo de la fuerza, al que sin duda tienen derecho (y obligación) los agentes de la autoridad cuando sea preciso para el establecimiento de la seguridad y el cumplimiento de las leyes, se tropieza con muchas limitaciones, algunas de las cuales tienen que ver con la proporcionalidad y con la oportunidad de cada actuación y su modulación. Entrar en un barrio con una fuerte componente de pobreza, de desempleo y, en algunos casos, de focos de marginalidad, requiere un tacto especial de los agentes del orden, sobre todo en estos tiempos en los que la crisis ha volteado tantos derechos y tantos valores, echando a la calle de sus casas, de sus trabajos y de su propia dignidad a mucha gente que tiene poco que ganar y nada que perder. Si cada actuación policial en barrios deprimidos, generalmente abandonados por las instituciones públicas, va a terminar en batalla campal, en disparos de salvas, en detenciones y en atentados contra la autoridad, muy mal pinta el asunto porque dará lugar a desproporcionados despliegues que, consecuentemente, pueden provocar reacciones negativas en la población de imprevisibles consecuencias. La autoridad bien entendida empieza por recordar que está al servicio del pueblo, no de las estadísticas y mucho menos del fortalecimiento de esa autoridad a mamporros. La mecha para un caracazo puede encenderse en cualquier momento.