No hay abogado, procurador, juez o fiscal (incluso periodista expertos en información de tribunales) que este viernes no haya comentado con alguien el auto de libertad de Ivonne González dictado de oficio por el tribunal que juzga a los acusados del caso Kárate. Fue tan sorprendente la decisión que la propia acusada casi se desmaya, y cogió tan desprevenido a su abogado defensor que hasta 24 horas después no supo articular algo que se pareciera medianamente a una explicación. Pero no la hay, por mucho que todos hayamos querido encontrarla: la fiscalía y la acusación particular piden para la acusada más de 146 años de cárcel por diecinueve delitos de abuso sexual y cuatro de corrupción de menores, y hasta ahora en la sala de vistas no ha habido ni un solo testimonio contundente que la descargara de las acusaciones de sus víctimas. Parece claro, eso sí, que Ivonne fue víctima antes que presunta verdugo, pero serán argumentos esos, en tal caso, que el ponente de la sentencia, Salvador Alba, habrá de exponer con la brillantez que destilan sus resoluciones llegado el momento procesal oportuno. Los tiros parecen ir porque los magistrados que componen el tribunal (Salvador Alba, Emilio Moya y Carlos Vielba) alegarán que no está nada claro que confluyan dos circunstancias contra la acusada: el prevalimiento (aprovecharse de su superioridad como monitora para abusar de sus alumnos) y la edad de las víctimas. Es decir, que el tribunal, a lo largo y ancho de los nueve meses que ha durado este juicio, no ha tenido tiempo de preguntar ambas cosas a los cincuenta y pico testigos que han desfilado, con todo el dolor de su alma, por la sala de vistas. Este Macondo canario, con su particular ciénaga en el Palacio de Justicia, acaba de sumar al indubio pro reo el indubio prorrateo. Y quédate con la vuelta.