La semana prometía ser aciaga cuando comenzó y se están cumpliendo los más pesimistas pronósticos. Para ir entrando en calor, empezó con las salvajadas la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, que de un plumazo redujo casi a la mitad las ayudas sociales básicas, tan vitales como insustituibles, que van a colocar a los ayuntamientos al borde del colapso social. Una ministra que ya se cargó del todo la Ley de Dependencia, la cuarta pata del estado del bienestar, la que Rajoy dijo que no tocaría. Luego vinieron las autoridades comunitarias anunciando que se hacían cargo de la gestión económica y financiera de España, retirándole competencias al ministro del ramo, Luis de Guindos, y controlando directamente a nuestro sacrosanto banco emisor, el Banco de España. La intervención estaba ejecutada, pero con 32 condicionantes que ya empezó a aplicar como obediente lacayo de los mercados que es el presidente Mariano Rajoy. Las decisiones anunciadas ayer por Rajoy, que serán bendecidas en el consejo de ministros de mañana con la presencia mema del Rey de España, son injustas porque repercuten especialmente en las clases menos favorecidas y en esa cada vez más empobrecida clase media española. Son antisociales, porque atacan a los desempleados, a los que de manera expresa culpa de su situación y los condena a más miseria aún. Son demagógicos, porque se ensañan con colectivos como los funcionarios o los sindicalistas en un nuevo ataque a pilares básicos de la democracia: lo público y lo social. Y van en contra de la lógica y de la experiencia, no solo la propia de España, que no ha hecho otra cosa que hundirse más en el deterioro económico desde que empezaron las reformas del PP, sino de la experiencia ajena, como es el caso más cercano de Grecia.