Lo ha dicho textualmente el servicio jurídico del Cabildo de Gran Canaria: el vicepresidente de la Corporación, Juan Domínguez, cometió una “falta” por “ignorancia jurídica en la materia y por falta de asesoramiento al respecto por parte de la directora gerente y, en su caso, por el personal” de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac). Se refiere el letrado de palacio a la adjudicación por vía directa y dedo militari de un contrato por 1.500 euros al mes que el ilustrísimo señor tránsfuga hizo a su cuñado en septiembre de 2011 para que se hiciera cargo de los servicios de informática del organismo una vez puso tierra de por medio el ingeniero que de eso se ocupaba tentado por un contrato ?digno de un crack- en Dubai. Domínguez, que tiene los escrúpulos en un sitio que de momento vamos a calificar de innombrable, dejó a su cuñado ?del que se desconoce titulación, formación, capacidad y méritos- tan ricamente, hasta que la directora gerente de la Fedac le dijo, en diciembre de 2012, que aquello no podía ser, que a aquel señor había que hacerle al menos un contrato que diera cobertura legal a las facturas que venía pasando mes a mes. De ese modo, se hace una convocatoria restringida, por invitación, y se adjudica ese servicio, oh prodigios de la transparencia administrativa, al mismísimo cuñado que el ilustre señor tránsfuga había enchufado a dedo en cuanto llegó al Cabildo y Bravo lo compró hasta 2015. El muchacho le ganó a una ingeniera en la materia, con experiencia conocida (había trabajado en la Fedac) porque presentó una oferta mucho más económica, 200 euros menos al año. Descubierto el percal por Lorenzo Olarte, al que echaron como agua sucia por delator, estos días estamos conociendo las entretelas de aquel acuerdo y el modo en que los servicios jurídicos del Cabildo entienden que se deben tapar las vergüenzas de sus mandarines: con un informe que indigno de un estudiante de primero de Derecho.