Hace mucho tiempo que la Judicatura canaria hierve con las hazañas de uno de sus más inquietos miembros, el magistrado Salvador Alba, en estos momentos juez de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Su indisimulado afán por hacer carrera política, por ocupar un sillón de vocal del Consejo del Poder Judicial, por aspirar a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por ser la sal de todas las salsas y por colocar a la asociación que representa, la APM, en un candelero que más se parece en ocasiones a la cuerda floja, lo convierten de nuevo en noticia. Porque empiezan a resultar escandalosos sus posicionamientos en contra de instrucciones por corrupción, particularmente con las que ha dirigido el magistrado Miguel Ángel Parramón, antes en Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria y ahora en la Sección Primera de la misma Audiencia Provincial desde la que Alba imparte su particular justicia. A Parramón, emblemático dirigente de la asociación Jueces para la Democracia, de corte progresista, parece no perdonarle Alba que en el curso de las investigaciones por el caso Eolo apareciera el ya ex magistrado José Antonio Martín, a la sazón presidente de la Audiencia Provincial y a la sazón presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), sorprendido casualmente asesorando a un narcotraficante cuya causa llevaba él mismo en su sala. Martín fue finalmente indultado por la puerta de atrás por un Poder Judicial en el que reinó el corporativismo antes que la justicia. Pero ésa es otra historia. La de Alba es la de un magistrado resentido que extiende esta y otras facturas en papeles de oficio. Pueden ser facturas ideológicas, pueden ser facturas asociativas y pueden incluso ser bonos para sus candidaturas de ascenso en el escalafón político, debilidades tan poco disimulables que empiezan a ser temerarias.