Empiezan a ser indisimulables las ganas del Gobierno de España de mortificar a los canarios. Hay aspectos de los presupuestos que son decisivos, como las transferencias de capital, las inversiones, los convenios que se incumplen? pero si hay algo que ha calado de las cuentas públicas en la indignación colectiva ha sido la amenaza que se cierne sobre la subvención al transporte aéreo y marítimo. Los diputados y dirigentes del PP canario lo han transmitido, con el debido respeto, a la autoridad ministerial y genovesa, pero con un resultado ciertamente nulo. De otro modo no se entiende lo que finalmente ha hecho el Ministerio de Fomento, que juega con dos conceptos de manera ciertamente temeraria: de un lado, asegura que la subvención a los residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares va a mantenerse “con vigencia indefinida”, pero a continuación se introducen conceptos confusos acerca de la potestad de la ministra de Fomento de regular cuál va a ser la “cuantía máxima bonificable”, que puede tener que ver con el veto a los billetes aéreos en clase preferente o a un tope máximo por ciudadano y año. Porque, acto seguido, se derogan todas las disposiciones en vigor sobre la materia desde 1987, cuando se estableció el descuento en el 33%. Y, por supuesto, la Ley de Presupuestos para 2013 mantiene esa humillación antediluviana sobrevenida con el PP de que todos pasemos por las olvidadas colas municipales para sacarnos un certificado de empadronamiento antes de poder viajar.