Fue el de este miércoles un mal día para la Justicia en España porque pocas horas de que el jurado popular diera a conocer su veredicto de no culpabilidad para Camps y Costa, el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciaba en el Congreso de los Diputados cómo va a ser ese servicio público en España: cada vez un poquito más alejado de las exigencias constitucionales de la tutela judicial efectiva y de la vocación redentora de las condenas. Gallardón, con más disciplina de partido que fe jurídica en lo que decía, explicó que se va a cobrar por determinados procedimientos judiciales, que las mujeres menores de edad serán responsables de sus actos a todos los efectos sanitarios menos a la hora de abortar; que en los casos de extrema alarma social habrá cadena perpetua, y que, en una grosera interpretación de la despolitización de la Justicia, vamos a dar un colosal paso atrás permitiendo que sean los jueces quienes elijan a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial. Con un barniz democratizador bastante poco creíble, el Gobierno trata de aparentar que sacando la decisión de las Cortes y poniéndola en manos de las asociaciones judiciales, mayoritariamente conservadoras, la Justicia no estará politizada. Y un huevo duro. La Justicia que iguala a unos más que a otros, que será de pago para que los pobres no den la lata a sus señorías, volverá a aquellos tiempos en que el Poder Judicial trabajaba encantado para el Gobierno de turno.